Doñana solo tiene agua para regar 9.000 hectáreas

Agricultores, ayuntamientos y ecologistas están pendientes de que la Junta de Andalucía publique el plan de regadíos de Doñana, que busca poner orden en una zona de alto valor medioambiental en la que existe un descontrol en la agricultura y el uso del agua. Este plan, que se anunció hace tres años y que ahora afronta su recta final, establece que sólo hay disponible 35 hectómetros cúbicos de agua al año, uno menos de los necesarios para abastecer 9.000 hectáreas de cultivos. Sin embargo, el Plan de Ordenación Territorial de Doñana identificó 10.034 hectáreas de regadío intensivo en 2004 y los agricultores calculan que hay 13.852. El documento incluye como propuesta normativa que "no se permitan nuevas autorizaciones de aguas ni superficiales ni subterráneas para regadío en las explotaciones que no estén incluidas como suelos regables". Esta es la clave en una zona dependiente del cultivo de la fresa, principalmente, y que Europa sigue de cerca porque está en juego el principal recurso de Doñana: el agua.

El informe reconoce que las aguas pueden estar contaminadas

El objetivo general que se fija es "compatibilizar" la agricultura y el turismo con la protección de Doñana. En el plan se señala que el déficit hídrico afecta a los ecosistemas de la zona y a las actividades productivas. En la zona existe "un balance hídrico negativo al ser mayor la necesidad de riego respecto a la disponibilidad del recurso subterráneo y superficial". Y también se admite que "se desconoce el volumen real y exacto de las extracciones por la existencia de bombeos irregulares"; hay zonas concretas, como la cabecera de la Rocina, el norte de El Rocío y Matalagrana que exigen "actuaciones especiales"; es "posible que haya contaminación en las aguas subterráneas debido a la actividad agrícola".

El plan establece un programa de actuaciones de emergencia para afrontar la situación en un año, entre las que estaría la clausura de todas las captaciones subterráneas que abastecen a suelos que no sean regables, que no estén amparadas por un derecho de aguas o que no superen el proceso de regularización. También propone establecer sistemas de control, especialmente en las zonas sensibles y en el acuífero 27, del que se abastece Doñana.