El Gobierno deja en el aire si reeditará su mayor plan de choque contra el paro

El Gobierno dejó ayer en el aire si tiene intención de reeditar el plan de choque contra el desempleo que impulsó junto con Confebask y los sindicatos CC OO y UGT en la Mesa de Diálogo Social y que ha proporcionado un puesto de trabajo este año a 5.700 personas en riesgo de exclusión social, 550 más de las colocadas con programas ordinarios en los cinco ejercicios precedentes. El viceconsejero de Empleo, Javier Ruiz, explicó en Bilbao que, de diseñarse un segundo plan, lo tendrá que poner en marcha Lanbide, el nuevo servicio vasco de empleo, que echará a andar el próximo lunes, primer día laborable de 2011.

Lanbide diseñará las políticas laborales y las asistenciales para ofrecer en la misma ventanilla una solución a ambos problemas. "Este programa ha hecho visible la conveniencia y la necesidad de orientar el modelo asistencial hacia otro modelo de activación para el empleo que, precisamente, será santo y seña del nuevo Lanbide", apuntó Ruiz.

La repetición del programa queda a expensas de la decisión de Lanbide

La subvención por contrato se elevó a 1.800 euros, 300 más de lo previsto

El viceconsejero compareció junto al director de Estudios de la patronal vasca, Jon Bilbao, y a representantes de CC OO -Eduardo García- y UGT -Felipe García- además de la directora de Innovación Sociolaboral, Gloria Múgica.

Pese a que estos mismos agentes compartirán el Consejo de Administración de Lanbide, el viceconsejero prefirió no inmiscuirse en el trabajo del nuevo organismo y se limitó a resaltar el carácter extraordinario del plan de choque. "Hay que tener en cuenta que fue un plan diseñado para luchar en una situación muy concreta y en el contexto del plan extraordinario de inversiones" +Euskadi 09, aseveró.

El programa contaba con una dotación presupuestaria global de 63 millones de euros. En aquel momento, el mercado laboral había perdido unos 39.000 puestos. En este año se han sumado unos 10.000 más. Las centrales nacionalistas, capitaneadas por ELA y LAB, han criticado con dureza en todo momento el plan.

Jon Bilbao resaltó el éxito logrado con las nuevas contrataciones gracias a que del diseño inicial de ofrecérselo solo a los Ayuntamientos se pasó a otro más ambicioso que permitió ofertar también la incorporación de personas, en especial desempleados, en riesgo de exclusión social a las empresas.

De las 572 solicitudes recibidas hasta noviembre pasado un 35% correspondieron a Ayuntamientos, otro 31% a empresas, un 30% a entidades sin ánimo de lucro y el 4% restante a empresas de inserción. Por territorios, 75 de las entidades solicitantes están ubicadas en Álava, 150 en Guipúzcoa y las 347 restantes, en Vizcaya. "Hemos conseguido actuar sobre los efectos que la crisis está teniendo en las personas más vulnerables del sistema y lo hemos hecho con contratos de calidad y a tiempo total", resaltó el secretario de Acción Sindical de CC OO-Euskadi, Eduardo García.

Los contratos solo estaban disponibles para las personas más directamente afectadas por la crisis, es decir, quienes habían perdido sus empleos y no percibían una prestación contributiva de desempleo o eran perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos.

Sin embargo, al final han sido algunos menos de los previstos. El mayor instrumento para fomentar el empleo diseñado por el Gobierno planteaba inicialmente fichar a unas 7.000 personas con contratos de nuevo cuño de una duración mínima de seis meses. Finalmente, han sido 5.700 debido a que la subvención de 1.500 euros por contrato ha pasado a ser al final de 1.800. "Se ha mejorado la calidad de las condiciones laborales", argumentó Múgica.

Casi un 53% de los contratos formalizados correspondieron a mujeres, más de un 31% de los beneficiarios de esta iniciativa fueron personas menores de 30 años, y más de un 26% superaban los 45, "tres colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado laboral", según destacó Ruiz.

Las estadísticas del plan van a ser trasladadas a Lanbide. El 35% de los contratados han sido personas perceptoras de la Renta de Garantía, frente al 30% que se había marcado como meta el Ejecutivo. Los contratos han durado 170 días "y alguno se ha convertido en indefinido", aunque los datos finales se conocerán en dos o tres meses.

Por categorías profesionales, el 75,4% de los contratados han sido peones, auxiliares, y oficiales de segunda y tercera, mientras que el 24,6% restante fueron técnicos medios y superiores, encargados y oficiales de primera. En cuanto al nivel formativo, el 43,4% de los contratados tenía estudios primarios, el 35,2% contaba con Bachillerato y Formación Profesional, y el 21,4% disponía de estudios universitarios. Las principales actividades han estado relacionadas con las nuevas tecnologías y el medio ambiente.