La fiscalía lleva ante el juez la posible sedición de los controladores

El fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban, remitió ayer un oficio al Juzgado Decano de Madrid en el que le notifica que cesa en sus investigaciones y pone en manos del juez tanto sus diligencias como los informes policiales y de AENA sobre la huelga salvaje de los controladores que paralizó el tráfico aéreo los primeros días del puente de diciembre.

La decisión tiene por objeto, según fuentes fiscales, que un juzgado de instrucción de los de Madrid se haga cargo y centralice el asunto, dado que hay denuncias desperdigadas en comisarías, juzgados y fiscalía.

Con la remisión de las diligencias e informes sobre lo sucedido al Decanato, este podrá adjudicar la causa por reparto a un juzgado de instrucción que acumulará todas las denuncias, de forma que se agilizará el procedimiento.

El fiscal jefe de Madrid no ve "descabellado" el embargo de bienes

Un juzgado de instrucción acumulará todas las acusaciones

La Fiscalía de Madrid contempla la posible comisión por los controladores del delito de sedición previsto en el artículo 20 de la Ley de la Navegación Aérea, que establece penas para los empleados de aeropuertos "que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia".

El fiscal Eduardo Esteban tenía previsto tomar declaración a los 170 controladores que abandonaron su puesto. Tras llamar a los 26 primeros, que se negaron a declarar acogiéndose a su derecho constitucional a guardar silencio, paró la ronda y decidió remitir los resultados al juez.

El fiscal adjuntó al oficio remisorio enviado al Decanato el informe de AENA, que recoge cómo se produjo el abandono de los controladores y el proceso de cierre del espacio aéreo. Sucintamente, AENA explica que durante la mañana del día 3 los controladores se concentraron en Barajas y pretendieron mantener una asamblea.

A partir de las cinco de la tarde de ese día, los controladores comenzaron a entregar documentos en los que constaba que no se encontraban en condiciones físicas y psíquicas para desarrollar su trabajo y abandonaron su puesto.

En medio del caos aeroportuario, AENA se vio obligada a reducir el número de vuelos, hasta llegar a cerrar el espacio aéreo, en cuanto llegaron a los aeropuertos las aeronaves que estaban en vuelo.

Los informes encargados a la Guardia Civil y a la policía tenían por objetivo averiguar las circunstancias del abandono del servicio a través de grabaciones de vídeo y audio. Sin embargo, las grabaciones de audio apenas aportan información más allá del lenguaje técnico de la llegada de aviones en vuelo. El vídeo tampoco aporta información de relevancia ya que las cámaras de seguridad se encuentran situadas en el exterior de la torre de control y en el interior no hay cámaras de vigilancia.

El fiscal jefe de Madrid manifestó que no ve "descabellado" que se solicite el embargo de bienes de los controladores aéreos, dentro de las diligencias penales que ahora se inician, para responder a las eventuales responsabilidades civiles que se deriven del proceso.

Además, Esteban señaló que en cuanto recaiga la causa en un juzgado pedirá que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar en la fiscalía. En su día, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, rechazó que se tratase de un problema laboral y dijo que ante "un abandono premeditado, concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos y España" podría llegarse a pedir penas de hasta ocho años de prisión.