La Xunta intentó derribar la casa de una ex conselleira del PSOE sin sentencia firme
La Consellería de Medio Ambiente deberá esperar para derribar la casa en Vilaboa (Pontevendra) de la diputada socialista y ex conselleira del bipartito Carmen Gallego, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se lo ordenase en un acuerdo firmado el pasado día 21. La razón es que, en contra de la interpretación legal que hizo el departamento de Agustín Hernández, el Tribunal Supremo no avala el derribo de la vivienda ni ha declarado firme la sentencia del tribunal con sede en A Coruña.
El TSXG precisa en su auto que "está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones" promovido por los afectados, por lo que ordena a la Xunta que "no debe llevar a cabo las labores materiales de demolición de la vivienda" hasta que no se resuelva dicho incidente. El tribunal sí autoriza a Medio Ambiente a realizar trabajos preparatorios de esa demolición, como la elaboración del correspondiente proyecto.
La resolución del tribunal gallego da la razón a la diputada y a su ex marido frente a la consellería. El departamento de Hernández interpretaba que un auto del Tribunal Supremo del pasado 8 de octubre era firme, por lo que ordenó la demolición, en tanto que los afectados subrayaban que cabía recurso, como así confirma ahora el Tribunal Superior de Xustiza. En aquel auto, el Supremo inadmitía un recurso de los afectados sin entrar en el fondo del asunto, porque la cuantía en juego no alcanzaba el límite legal de 150.000 euros.
Gallego consideró la decisión judicial la "demostración palpable de una persecución política". "El tribunal de justicia le está diciendo a la Xunta que se ha pasado de frenada, porque quería efectuar el derribo sin una sentencia firme", acusó la actual portavoz socialista de Medio Ambiente en el Parlamento. El fondo del asunto consiste en si la vivienda está en un núcleo rural tradicional, igual que otras 80 casas de la zona no denunciadas, en cuyo caso no incurriría en ilegalidad por estar a menos de 100 metros del mar.
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