Alarte rechaza las prospecciones petrolíferas en el litoral valenciano
El Consell estudia recurrir legalmente la autorización del Gobierno
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
"Yo también creo que es un grave error", afirmó ayer sobre la autorización para que se efectúen prospecciones petrolíferas cerca del litoral valenciano el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, que se sumó a la actitud de "rechazo expresada por el alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, y el candidato socialista a la alcaldía de Valencia, Joan Calabuig. "La postura que ambos han manifestado es la mía y es la del conjunto de los socialistas valencianos", dijo Alarte, que atribuyó a "la inacción de Camps" que se haya llegado a esta situación.
La posibilidad de que se lleven a cabo exploraciones petrolíferas ha suscitado el rechazo radical del PP, cuyo secretario general Antonio Clemente la reiteró ayer; de cargos públicos de ese partido como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y hasta de su portavoz nacional, Esteban González Pons. El propio Consell anunció ayer que estudiará la posibilidad de recurrir legalmente contra la autorización otorgada por el Gobierno central, en un nuevo episodio de enfrentamiento con el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Por otra parte, la permanente de la ejecutiva del PSPV-PSOE aprobó ayer una resolución en la que anuncia que su grupo parlamentario pedirá un pleno extraordinario de las Cortes en el que el jefe del Consell, Francisco Camps, presente un "informe sobre la situación financiero-contable de la Generalitat" y se adopten medidas como el recorte del 15% del gasto corriente, la reducción del número de consejerías la eliminación de la mitad de los cargos y puestos de designación directa en la Generalitat y la racionalización del sector público, con especial atención al grupo Proyectos Temáticos y a la empresa Ràdio Televisió Valenciana. El PSPV-PSOE volvió a ofrecerse para llegar a un consenso en materia económica, después de señalar que la Generalitat tienen competencias para ser el principal "factor de desarrollo económico y social" de la Comunidad Valenciana, algo que no es posible sin "una situación financiera saneada" y "una adecuada orientación de política económica a corto, medio y largo plazo".
El recurso contra Luna, desestimado
El recurso del portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, y otros cinco diputados contra el archivo de la querella que presentaron en su día al portavoz socialista, Ángel Luna, ha sido desestimado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia encargado del caso, Juan Climent. Los populares, que acusaron a Luna de cohecho porque supuestamente el constructor Enrique Ortiz, para el que trabajó años después de dejar la alcaldía de Alicante, pagó una reforma en su casa y le regaló un coche (hechos que el juez ya descartó en una resolución en la que destacó las "inexactitudes" del relato presentado por los querellantes), pretendían reabrir la causa argumentando otra figura de cohecho y aportando una grabación de un individuo que asegura que fue quien efectuó las obras.
El magistrado, que ya señaló al archivar la querella que no había indicios de delito en la actuación de Luna, aunque el caso debía desestimarse porque había prescrito, se reafirma en su decisión. Dado que el PP señalaba en su recurso que se había basado solo en las declaraciones del diputado socialista, el juez señala que adoptó su decisión basándose en "la documentación aportada" y en "el estado de la investigación". Además, Climent califica "cuanto menos de anómala por el modo y la forma en que se produce", la aportación del acta notarial con las declaraciones en las que pretendía basarse el PP, dado que tales declaraciones se corresponden "sustancialmente" con otras hechas a una emisora que ya aportaron Blasco y los diputados querellantes.
