Tráfico de concesiones

Los casos de corrupción que afectan a las administraciones valencianas han puesto de manifiesto adjudicaciones supuestamente fraudulentas que los tribunales están investigando. Tanto el caso Gürtel como el caso Brugal se centran en el acceso amañado a contratos o concesiones con la complicidad de responsables públicos. Se trata de ejemplos extremos, pero más allá de lo presuntamente delictivo existe un mecanismo bastante habitual de transferencia de adjudicaciones, un tráfico de concesiones a través de la compra y venta de empresas, que acaba haciendo que cambien de mano las licencias o contratas. Ese mercado altera las decisiones originales de los organismos públicos y concentra en ciertos grupos empresariales los servicios adjudicados, mientras otorga a otras empresas un papel de intermediación bastante llamativo.

El caso de las 13 licencias de TDT que logró Ulibarri es bien conocido

Sedesa entró y salió de los parques eólicos y la gestión de residuos

"Es difícil calcular el beneficio de la operación", dice la diputada Maisa Lloret

La concesión de licencias de televisión digital terrestre (TDT) es uno de los ejemplos que más se han citado. El empresario leonés José Luis Ulibrari, imputado en el caso Gürtel, se hizo con 13 de las 42 licencias para emisoras de televisión adjudicadas por la Generalitat en 2005 al comprar la empresa Mediamed Comunicación Digital, que promovieron varios empresarios valencianos. Tras estallar el caso Gürtel, Ulibarri cedió a otro empresario, Andrés Selma, el control de la sociedad y las licencias. El asunto llevó incluso a la federación valenciana de televisiones locales a presentar una querella contra quien fuera consejero de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, que fue archivada por el Tribunal Supremo.

También en el ámbito de los parques eólicos ha habido movimientos accionariales en los adjudicatarios. Objeto de deseo incluso por parte de Enrique Ortiz, empresario imputado en el caso Brugal que, según una de las grabaciones efectuadas por la policía, pretendió presentarse a todos los concursos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, las instalaciones de aerogeneradores esparcidas por la geografía valenciana han acabado mayoritariamente en manos del grupo Acciona. Eso ha ocurrido directamente, a través de empresas participadas que optaron al concurso, como Renomar o Guadalaviar, o mediante la adquisición posterior de otras adjudicatarias. Es el caso de Proyectos Eólicos Valencianos, concesionaria de la zona 6, correspondiente al Alto Palancia, un conjunto de parques cuyos planes especiales han sido declarados nulos recientemente por el Tribunal Superior de Justicia por considerar que se trata de un solo conjunto irregularmente troceado en subconjuntos menores.

La diputada socialista en las Cortes Valencianas Maisa Lloret, que ha reconstruido el papel jugado por Sedesa, la empresa de la familia del vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, en concursos y adjudicaciones en diversos ámbitos, recuerda cómo al concurso de esa zona eólica número 6 optaron tres empresas: Unión Fenosa, Eurovento y Proyectos Eólicos Valencianos. Eurovento, en la que participaban los valencianos Juan Broseta y José María Reyna, entre otros, estaba accionarialmente vinculada al grupo Acciona, mientras que Proyectos Eólicos Valencianos estaba formada por Endesa, propietaria de la mayoría de las acciones, Sedesa y Bancaja. El concurso se resolvió a favor de Proyectos Eólicos Valencianos y Eurovento presentó un recurso por diversas irregularidades que fue desestimado. Con el tiempo, Sedesa (que este año se ha integrado en el grupo Ezentis) vendió su parte a Endesa, mientras Acciona (de la familia Entrecanales) entraba en el capital de Endesa para acabar abandonándolo en 2009, con el resultado de que Acciona acabaría quedándose todos los activos eólicos de la compañía energética, entre ellos los de Proyectos Eólicos Valencianos.

Si Sedesa entró y salió en el negocio eólico en unos pocos años, también lo hizo en otros negocios que precisan de adjudicaciones de la Generalitat. La empresa de la familia Cotino, centrada en la construcción, la urbanización y la obra civil, carecía de actividad en el tratamiento de residuos, pero añadió tal actividad en 2003 a su objeto social. En octubre de 2004, mientras era socia de Endesa en Proyectos Eólicos Valencianos, Sedesa le compró al grupo energético la firma Senda Ambiental. Por esas fechas la Consejería de Territorio y Vivienda aprobaba el plan zonal de residuos de las zonas VI, VII y IX, correspondiente al Camp de Túria, Los Serranos, El Rincón de Ademuz, La Hoya de Buñol, La Plana de Utiel-Requena y los municipios de Millares y Cortes de Pallás. Senda Ambiental optó a ese concurso y lo ganó en noviembre de 2006. Entre las opciones descartadas había una unión temporal de empresas de Sufi y Cyes y otra de la empresa Urbaser (del grupo ACS). Un año después de la adjudicación del concurso, Sedesa vendió Senda Ambiental precisamente a ACS, con lo que el grupo que había sido descartado acabó haciéndose con la contrata.

"Es difícil saber cuál fue el beneficio real de la operación", señala la diputada Maisa Lloret, "pero la compra de las empresas de gestión de residuos de Endesa por parte de Sedesa a través de su filial Senda Ambiental no llegó a los 21 millones de euros y la venta de esa misma filial tres años después a Urbaser (ACS) superó los 30 millones de euros". En todo caso, el viaje de ida y vuelta tuvo como trofeo otra adjudicación de la Generalitat.