Sabotaje al Estado
La posibilidad de un sabotaje contra las dos grandes instituciones suprapartidistas del Estado -el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- no fue prevista por la norma fundamental. Aunque el intérprete supremo de la Constitución y el órgano de gobierno de los jueces posean características estructurales y funcionales propias (tales como el número y la duración de mandatos de sus miembros), ambos tienen en común la necesidad de mayorías parlamentarias cualificadas para su renovación y la exigencia de que los candidatos sean juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.
En teoría, las mayorías cualificadas -3/5 de las Cámaras en este caso- garantizan el acuerdo sobre los candidatos en función de sus méritos y evitan la irrupción en esas instituciones de los homólogos del caballo de Calígula. En la práctica, el legítimo consenso entre los dos partidos capaces de alcanzar esa mayoría reforzada -PSOE y PP- ha sido fraudulentamente suplantado por el ilegítimo reparto de cuotas libremente administradas por cada grupo. Los populares han sido hasta ahora los principales responsables de ese sabotaje al espíritu constitucional, limitándose los socialistas a secundarles vergonzantemente.
El grupo parlamentario del Partido Popular estanca de nuevo la renovación del Constitucional
El PP bloqueó durante dos años -hasta octubre de 2008- la renovación del CGPJ elegido en 2001; y durante tres -hasta diciembre de 2010- la de los cuatro magistrados del TC nombrados por el Senado en 1998. La circunstancia de que la renovación del cupo elegido por el Congreso en 2001 coincidiera cronológicamente en la línea de salida con el rezagado turno del Senado inspiró al PSOE y al PP la atropellada aprobación de una ley -más que dudosamente constitucional- para limitar temporalmente el mandato de los magistrados que accedan a sus plazas con involuntario retraso por la prórroga de sus predecesores e impedir así otro hacinamiento en el futuro de los jueces renovados por ambas Cámaras. Para colmo de las irregularidades, el Gobierno retuvo la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los magistrados nombrados el pasado 1 de diciembre por el Senado a fin de posibilitar el nombramiento del nuevo presidente de un TC enteramente renovado.
Hete aquí, sin embargo, que el grupo parlamentario popular vuelve a las andadas y parece dispuesto a bloquear indefinidamente la designación por el Congreso de los sustitutos de los cuatro magistrados con mandato vencido en noviembre de 2010 (y de plaza de otro fallecido en mayo de 2008) hasta que el PSOE acepte el trágala de votar a un candidato indeseado. Rechazado previamente por el Senado, sin el prestigio necesario para desempeñar el cargo y en el dudoso umbral de los 15 años de ejercicio profesional requeridos, el aspirante Enrique López es un mirlo blanco para el PP solo por los disciplinados servicios prestados a su causa cuando fue portavoz del CGPJ.
