Un grupo muy desagregado y arruinado por los impagos del Consell

El Instituto Valenciano de la Vivienda, SA (IVVSA) se constituyó en 1987 para garantizar la oferta de viviendas de protección oficial. Ahora es un grupo de diez empresas con socios como Ortiz Desarrollo Urbanos, Llanera o AUMSA. La Sindicatura de Comptes reclama al grupo una contabilidad única sin ningún éxito. El síndic se concentra en la matriz y detecta que a finales de 2009 se encontraba en supuesto de disolución porque su patrimonio neto era inferior a la mitad de su capital social. Los fondos propios eran de 28 millones, pero negativos. La Generalitat equilibró la situación en junio de 2010 con una reducción de capital de 57 millones y una simultánea ampliación de 5 millones en bienes inmuebles. Pero lo más llamativo del informe es la deuda que tienen con el IVVSA las consejerías de Medio Ambiente (71 millones), Educación (44) e Infraestructuras (7 millones). A requerimiento del síndic, Educación confirmó el saldo de su deuda en junio de 2010. Pero respecto de las consejerías de Medio Ambiente e Infraestructuras, los técnicos de la sindicatura apuntan: "No hemos podido verificar su razonabilidad". Nadie les ha aclarado nada.