Las defensas cuestionan la legalidad de la instrucción del 'caso Brugal'

Las defensas del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) han vuelto a poner en solfa la "seguridad jurídica" de la instrucción de la causa, extremo que podría darles pie a plantear la nulidad global de sumario. La tesis de los letrados de los imputados ha salido reforzada tras el último auto del actual instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, en el que resalta la "inactividad patente" de la oficina judicial en ese proceso hasta julio. La investigación judicial de la trama se remonta a marzo de 2007 y San Martín recaló en el juzgado el pasado febrero.

Las aseveraciones del juez están recogidas en un auto en el que asume piezas separadas del sumario de las que inicialmente se había inhibido. Algunos de los abogados defensores de los imputados calificaron ayer de "sorprendente", el auto de San Martín, al reconocer esa "inactividad" y atribuirla a los jueces que le precedieron. "El reconocimiento explícito de la inactividad del juzgado es sinónimo de falta de seguridad jurídica en la instrucción, primer derecho constitucional en todo proceso judicial", señaló uno de los abogados. "Y más en este sumario, que, como reconoce el juez, basa toda su instrucción en las sucesivas prórrogas de las escuchas telefónicas", añadió.

'Mea culpa'

San Martín ha completado este auto con otros razonamientos, en este caso incluidos en la respuesta a un recurso de uno de los imputados, que también ha sembrado el desconcierto entre las partes. En este segundo auto, firmado el pasado día 14, el magistrado asegura que los 38 investigados por su supuesta implicación en la pieza del sumario relativo la contrata de la basura de Orihuela no están imputados. La persona más destacada de es lista es la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP.

El pasado mes de julio el juez notificó a esas personas a través de la policía un escrito que, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, equivalía a una imputación. En este nuevo auto, Carlos San Martín rechaza que estén imputados, aunque asume que su iniciativa fue desafortunada y generadora de una "tergiversación indeseada del contenido".