La política madrileña desfila ante la justicia

La política madrileña se pasea a menudo por los juzgados. Una ristra de mandatarios locales han desfilado este año acusados de delitos muy graves. Hasta 13 alcaldes o ex alcaldes están actualmente imputados. La campaña electoral que se avecina el próximo año, predicen las fuentes consultadas, se va a desarrolllar en paralelo a lo que ocurra en los tribunales. Para bien o para mal.

Lo cierto es que también un buen número de políticos se han visto envueltos en causas que no trascienden el ámbito administrativo. Es difícil encontrar un municipio donde no haya denuncias enfrentadas de Gobierno y oposición. Por cualquier asunto. Cada semana es común que un cargo o antiguo cargo tenga que ir a declarar. Se espera que ahora aflore todo el arsenal judicial que han ido acumulando los partidos políticos durante estos cuatro años.

Es difícil encontrar un municipio sin denuncias entre gobierno y oposición

"Usan la confusión entre imputado y sentenciado", dice un experto

"Los hay que esperan el momento oportuno de casos ya archivados para presentar recursos y hacerlo coincidir con periodos electorales. Supone un muy mal uso de la justicia, de su tiempo y sus recursos", dice el coordinador del Grupo Municipal Socialista en Leganés, Pedro Atienza.

No es nada bueno aparecer manchado tan cerca de las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra José Luis Pérez Ráez, ex alcalde socialista de Leganés, por aprobar un pago a una empresa que no pasó por ningún concurso público. Antes se había archivado la causa por entenderse que, a lo sumo, suponía una irregularidad administrativa. Un nuevo recurso de la oposición, del PP, aviva el caso y lo mantiene en circulación el tiempo suficiente como para desgastar políticamente al adversario. No es un caso único. La historia se repite en un buen número de municipios de la región, acabe archivada la causa o se abra finalmente un juicio.

La mancha de verse envuelto en un proceso judicial, de cara a la opinión pública, es muy difícil de eliminar. "La prevaricación se puede dar con el mejor de los motivos o con el peor de ellos. Hay que distinguirlo. Hay muchos casos que tienen que ver con la desviación de poder, es decir, usar los privilegios de tu cargo con un objetivo público, no para tu beneficio. No tiene que haber corrupción, que es una desviación para beneficio privado. Directo o indirecto. A ojos de la gente, todo entra en el mismo saco", cuenta Manuel Villoria, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos. "Imputado igual a sentenciado. He ahí el error. A veces sí es cierto que la imputación conlleva medidas cautelares por indicios muy claros de delitos, pero a veces simplemente es alguien que va a declarar. La complejidad de diferenciar las dos situaciones se aprovecha en política", añade el profesor.La clase política es consciente de que, a cinco meses de las elecciones, es necesario manejar los tiempos judiciales. Alargar procesos. Recurrir. Un destacado cargo de un municipio del sur de Madrid reconoce que, desde el escándalo de Marbella, colgar el sambenito de corrupto a un cargo público es un objetivo. Los hay que son corruptos, como se ha demostrado pero, a partir de ahí, si se consigue abrir cualquier proceso dudoso contra alguien que puede estar limpio le hace mucho daño. Esa imagen queda. Cuesta muchísimo borrarla. En 2011 aparecerán nuevas acusaciones, algunas fundadas seguramente, pero las habrá que se limitarán a hacer ruido. Levantar polvo. La maquinaria para hurgar en el pasado de los candidatos está en marcha. Basta un hilo del que tirar.

El desempeño del cargo de alcalde se ha convertido en la última legislatura en un trabajo de riesgo, habida cuenta de que en los ocho últimos años más de una veintena de regidores de la Comunidad han tenido que acudir a los juzgados como imputados por diferentes delitos, entre otros los de malversación de fondos, cohecho o prevaricación. En los últimos meses, varias denuncias han sido archivadas, como por ejemplo las presentadas contra los mandatarios de Alcorcón, El Boalo, San Fernando de Henares y Fuenlabrada. No obstante, y a riesgo de que los juzgados trabajen estas Navidades, un mínimo de 13 alcaldes mantienen pendientes acusaciones, algunas tan serias como las incluidas en el caso Gürtel, y otras más ligadas al trabajo diario de los regidores. Estos son los casos en los que la justicia está investigando las presuntas actividades ilegales de alcaldes de la Comunidad de Madrid:

- Boadilla del Monte. El municipio (43.414 habitantes) ha vivido en los últimos años un auténtico vía crucis, con un alcalde, Arturo González Panero (PP), imputado en el marco del caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Fue precisamente el ex alcalde, conocido en el sumario como El Albondiguilla, quien en febrero de 2009 dimitió, dejando en su puesto a Juan Siguero (PP).

Pero este relevo no ha acabado con los escándalos urbanísticos. Un reciente informe policial sostiene que Siguero también mantuvo conexiones con las empresas de Francisco Correa. El PP ya ha dicho que no presentará a Siguero como candidato en las próximas elecciones. La ex alcaldesa Nieves Fernández Crespo (PP) también fue condenada recientemente por el Tribunal de Cuentas por haber pagado complementos irregulares a las pagas extra de los funcionarios municipales entre 1998 y 2000.

- Pozuelo de Alarcón. El actual regidor, Gonzalo Aguado (PP), tendrá que declarar como imputado el 11 de enero en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo. Junto a Aguado, otros cinco cargos y altos funcionarios de este Consistorio deberán declarar en el caso del Arroyo de las Cárcavas, que también está siendo investigado en el caso Gürtel. Aguado es el segundo alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.365 habitantes) que está siendo investigado por la justicia, pues su predecesor, Jesús Sepúlveda (PP), también está acusado de ser el presunto autor de los delitos de cohecho, blanqueo, fraude fiscal y tráfico de influencias en el marco del caso Gürtel. Los investigadores acusan a Jesús Sepúlveda de recibir regalos de la trama de Correa, entre ellos un Jaguar, al mismo tiempo que se le han detectado propiedades en empresas con el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

- Arganda del Rey. El ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López (PP), también está implicado en el caso Gürtel. El magistrado del TSJM que instruye el sumario, Antonio Pedreira, le ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros por su participación en una trama de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Según el sumario, el ex regidor del municipio de 50.369 habitantes habría percibido comisiones ilegales por un importe de 523.439 euros.

- Majadahonda. El magistrado Antonio Pedreira ha requerido al ex alcalde del municipio, Guillermo Ortega (PP), uno de los imputados en el caso Gürtel por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, para que abone 300.000 euros de fianza que se le impuso para asegurar las responsabilidades pecuniarias en el proceso. La investigación ha descubierto que Ortega, que en el momento de ser imputado por el juez ya no era alcalde de Majadahonda (66.585 habitantes), tenía un importante patrimonio.

- Guadarrama. El ex alcalde de Guadarrama y diputado regional José Ignacio Fernández Rubio (PP), el concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente, Miguel Rodríguez Bonilla, y otros tres concejales populares han sido acusados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba de un delito de prevaricación con consecuencias contra el medio ambiente. La alcaldesa de Guadarrama (14.318 habitantes), Carmen María Pérez del Molino (PP), y sus 10 concejales del Partido Popular fueron citados a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba tras la querella del empresario Luis Álvarez García, fallecido recientemente. El juez admitió a trámite una querella presentada por la familia de este empresario que considera que todos los miembros del PP de la Corporación municipal podrían haber cometido un delito de prevaricación al haber solicitado en la Junta de Gobierno municipal el desahucio de su empresa de unas naves situadas en el polígono industrial de La Mata, sin la indemnización prevista en el contrato que firmó en 2006 el anterior alcalde y diputado regional del PP Ignacio Fernández Rubio.

- Coslada. El ex alcalde del PP de Coslada, Raúl López Vaquero, está pendiente de que se celebre el juicio en el que afronta una posible condena de cuatro años de cárcel y 18 de inhabilitación para cargo público. El PSOE le denunció por prevaricación y malversación en junio de 2008 por mantener el salario a Ginés Jiménez cuando una sentencia judicial le obligaba a suspenderle de empleo y sueldo. El juez que instruyó este caso ha concluido sus pesquisas y ha señalado la apertura de juicio oral. La petición de la fiscalía para el ex alcalde del municipio de 90.280 habitantes es de cuatro años de prisión y 18 años de inhabilitación. El juez le ha impuesto una fianza de 21.639 euros.

- Torrejón de Ardoz. Los magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ultiman en estos días la sentencia relativa a la acusación de prevaricación contra 14 ediles del PSOE y del Partido Demócrata Español (Pade) de 2001. Entre los acusados se encuentran la ex alcaldesa del municipio (109.483 habitantes) y actual secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, y el ex edil de Urbanismo, Francisco Martín Rojas. A los procesados se les acusa de aprobar un convenio urbanístico con una empresa privada con un informe negativo del secretario municipal, que advirtió por escrito de las posibles irregularidades.

- Torremocha del Jarama. El alcalde independiente de Torremocha del Jarama, Carlos Rivera, se enfrenta a tres años de cárcel por haber construido y asfaltado sobre varias vías pecuarias para dar servicio a una urbanización. Esa es la pena que pide la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio. El fiscal considera que, además, concurre el agravante de abuso de cargo público. Rivera es alcalde independiente de Torremocha del Jarama (769 habitantes) desde hace tres décadas. La urbanización Los Tomillares-El Jaral del Pajarito se extiende por los términos municipales de Torremocha y de Torrelaguna.

- Leganés. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra José Luis Pérez Ráez, ex alcalde de Leganés (184.209 habitantes) y actual diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Junto al ex alcalde, seis concejales y cargos de confianza están siendo investigados por aprobar el pago de 101.478 euros a una empresa que no pasó por ningún concurso público. El magistrado había archivado previamente el caso por prevaricación entendiendo que, como máximo, se trataría de una irregularidad administrativa. El PP interpuso un recurso de apelación que fue finalmente aceptado.

- Aldea del Fresno. El ex alcalde José Luis Tellos, ex militante del PSOE y actual primer teniente de alcalde como independiente, fue el primer alcalde al que un juzgado le quitó sus competencias urbanísticas. Después fue expulsado del PSOE. Ya en la presente legislatura, fuera del PSOE, Tellos se ha enfrentado a varias denuncias relacionadas con el urbanismo. "Lo dejo, abandono la política", dice por teléfono. "Soy inocente. Mi nombre está manchado. Mi hijo me dijo que si me presentaba a las elecciones me retiraba la palabra".

- Pinto. La ex alcaldesa popular de Pinto, Miriam Rabaneda, y su hermana Tamara, ex concejal de Hacienda de la localidad de 42.445 habitantes, han sido imputadas por un delito de prevaricación. En el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Parla se advierte de que, en el año en que el PP gobernó el Ayuntamiento pinteño (entre las elecciones municipales de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2008), los técnicos municipales realizaron informes con numerosos reparos de legalidad contra pagos autorizados por las imputadas.

- Torres de la Alameda. La alcaldesa de Torres de la Alameda (7.474 habitantes), Clara Torre Ruiz (PP), los cinco concejales de su partido y los dos de la formación política Alternativa Ciudadana El Olivo (ACO) declararán como imputados en enero como presuntos autores de un delito de malversación. El fiscal les acusa de aprobar y mantener subidas de sueldos presuntamente "ilegales" a 20 de los 29 funcionarios que trabajan en el Consistorio. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arganda del Rey les ha citado al considerar que de los hechos investigados se "presume la posible existencia de una infracción penal".