Una causa en Brasil echa una mano a Garzón

El régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 fue el responsable de miles de desaparecidos, secuestros, torturas y ejecuciones arbitrarias. La peor época fue la conocida como "los años de plomo". Y fue entonces cuando el ejército, en la región de Araguaia, entre 1972 y 1974, hizo desaparecer 62 personas. Del rescate de su memoria y la persecución de la verdad de lo que ocurrió se ocupa la causa "Gomes Lund contra Brasil". La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a favor de las familias de los que fueron asesinados. El caso se parece a la investigación que quiso iniciar el juez Baltasar Garzón, por la que se le ha acusado de prevariación, por los crímenes durante la Guerra Civil.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su pronunciamiento, ordena a Brasil, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, "investigar graves violaciones de los derechos humanos y castigar a los culpables en el caso Gomes Lund contra Brasil y en otros similares". La sentencia ordena al Estado brasileño "llevar a cabo las actuaciones judiciales en la justicia ordinaria, no escatimar en esfuerzos para identificar los restos de los desaparecidos y entregarlos a sus familiares y tipificar el delito de desaparición forzada en el derecho interno".

El magistrado José María Tomás y Tio, miembro del Tribunal Internacional para la Justicia Restaurativa de El Salvador, afirmó ayer que "con esta resolución queda claro que la situación española es como otras, que la ley de Amnistía no puede servir para actuar en contra de los convenios internacionales de derechos humanos". Y agregó, "por eso es gravísimo que los poderes públicos impidan que en España se investigue lo que ocurrió en la Guerra Civil".

Matías Alonso, portavoz de la plataforma valenciana de apoyo al juez Garzón, defendió la incidencia de este fallo en la causa española. "Esta sentencia y cualquier otra de las dos que ha habido en El Salvador pueden ayudar y dejar en evidencia la caverna judicial, política y social que impide que la memoria democrática de España se restablezca". Alonso recordó que solo dos fosas se han abierto en Valencia y denunció la actitud obstruccionista del Ayuntamiento.

José Ramón Juániz, abogado y miembro del Tribunal Internacional para la Justicia Restaurativa de El Salvador, insistió en que "los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles". E insistió en "el compromiso con las víctimas".