El guardián de la normalidad

El empeño del Gobierno de Zapatero por utilizar fórmulas jurídicas excepcionales de forma prolongada comienza a preocupar. Al menos a quienes defendemos una aproximación liberal kelseniana a los problemas políticos y seguimos pensado que el poder debe estar siempre limitado y reglado, controlado escrupulosamente por la legalidad que emana del legislativo de la nación. Por eso, son cada vez más las voces que expresan su malestar ante una deriva arbitraria que degrada la vigencia institucional de los principios formales nacidos de la deliberación legal para potenciar aquello que Carl Schmitt definía como la "decisión pura, que no razona, ni discute, ni se justifica". Una decisión basada en el argumento inapelable de la seguridad y que invoca un Gobierno que no duda en erigirse en el único y supremo guardián del orden, pues, como decía su portavoz al justificar la prórroga del estado de alarma: "No son tiempos de palabras, señorías, sino de seguridades".

La prolongación del estado de alarma por la crisis de los controladores es una deriva arbitraria

El Gobierno trasforma un juicio hipotético en un supuesto fáctico

Esta deriva decisionista nos obliga a convivir con una degradación formal de las exigencias regladas que impone la ley cuando regula los estados constitucionales de excepción. Algo que hay que relacionar con una acumulación de precedentes arbitrarios que resulta alarmante a la hora de juzgar el funcionamiento normal de nuestro Estado de derecho. Primero, fue el empleo arbitrario y generalizado del veto gubernamental frente a iniciativas aprobadas por una mayoría parlamentaria contraria a la voluntad del grupo socialista, y sobre el que después haré una consideración adicional. Después, el ejercicio -por primera vez en nuestra historia democrática- del estado de alarma previsto en el artículo 116.2 de la Constitución; instituto excepcional utilizado hace unas semanas como respuesta al cierre del espacio aéreo causado por el inaceptable y salvaje boicot de los controladores aéreos. Y ahora asistimos al uso prolongado del mencionado instrumento, a pesar de que se esgrime su conveniencia sin que concurra ya la urgencia de una respuesta proporcionada a una situación real, actual, objetiva y de grave anormalidad.

La prórroga del estado de alarma declarado por el RD 1673/2010, de 4 de diciembre, supone un paso más en la evolución decisionista a la que antes me refería. Se trata de un avance cualitativo que no puede ignorarse. Se invoca por el Gobierno la petición de prórroga por el doble de tiempo que se solicitó originariamente. Y lo que es más grave, sin que se den -más allá de una interpretación indiciaria e hipotética que hace el propio Gobierno-, los motivos que, vinculados al chantaje inaceptable de los controladores aéreos, propiciaron que el 3 de diciembre pasado, cientos de miles de ciudadanos