El empeño del PP en apoyar a López sigue bloqueando el Constitucional

Muchos meses después, el escollo para que el Tribunal Constitucional recobre la normalidad y sea renovado sigue siendo el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López. Mañana termina el plazo que la Junta de Portavoces del Congreso dio para que el PSOE y el PP lleguen a un acuerdo sobre los cuatro magistrados que deben renovar. Si no hubiera acuerdo antes de ese día, la renovación quedará para después de las vacaciones de Navidad, lo que afectará, entre otras cosas, a la elección del nuevo presidente del máximo intérprete de la Constitución.

Por eso es inminente una conversación entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para culminar el complicado proceso que se inició hace ya más de tres años. Esa conversación sería una prolongación de la que ya mantuvieron de forma discreta Zapatero y Rajoy el pasado octubre y que permitió desbloquear parcialmente la renovación y elegir a cuatro magistrados en el Senado.

El Senado frena la publicación en el BOE de los cuatro jueces designados

El PSOE exige que sean catedráticos o magistrados del Tribunal Supremo

Hay pendiente una reunión entre Rajoy y Zapatero para zanjar el problema

CiU, molesta con el PSOE porque ha quitado de la lista a Encarnación Roca

Tras esa conversación, el PP aceptó retirar del Senado la candidatura de López, pero anunció que lo mantendría si era avalado por el propio Constitucional. Pero el tribunal rechazó por motivos de forma los recursos del PP, a través de los Parlamentos de Madrid y La Rioja, contra la decisión de la Mesa del Senado de excluir a López por no cumplir los requisitos legales (15 años de experiencia en la judicatura). El problema es que después del pulso en el Senado, de varios recursos ante el Tribunal Constitucional y múltiples conversaciones entre los dos grandes partidos, el PP sigue sin apearse del nombre de Enrique López. Y el PSOE no lo acepta de ninguna manera, por entender que no es asumible la designación del ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial y ahora magistrado de la Audiencia Nacional.

El Gobierno y el PSOE han hecho llegar al PP que los designados por el Congreso deben ser catedráticos de universidad o magistrados del Tribunal Supremo y que López carece de idoneidad para el cargo.

El retraso tiene un efecto colateral notable, porque mantiene bloqueada la renovación en el Senado de cuatro magistrados, que está pendiente desde 2007. La Cámara alta aprobó en el pleno del pasado 2 de diciembre el nombramiento de los magistrados Francisco José Hernando, Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez. "Gracias, señorías, por fin lo hemos conseguido", proclamó solemne el presidente del Senado, Javier Rojo, cuando acabó la votación, pero ni siquiera en ese momento acabó el proceso.

De hecho, el Senado mantiene bloqueada la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nombramiento de los cuatro citados magistrados hasta que se elijan los candidatos por parte del Congreso. Tampoco pueden, por tanto, tomar posesión de sus cargos y sustituir a los actuales magistrados del Constitucional que tienen caducado su mandato desde hace más de tres años.

Todo porque una de las que hay que sustituir es la propia presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, y su relevo provocaría la inmediata elección del presidente del tribunal. Esa elección debería ratificarse o modificarse poco después, cuando se incorporaran los cuatro magistrados que debe elegir el Congreso.

Los candidatos a esa presidencia son Pascual Sala y Manuel Aragón. Este último, miembro del sector progresista, fue quien inclinó la mayoría en el tribunal a favor de la tesis de podar el Estatuto de Cataluña y, por tanto, no es visto con buenos ojos por los partidos nacionalistas, especialmente por CiU.

Los nacionalistas catalanes están molestos, además, porque el PSOE declinó proponer en el Senado como candidata a Encarnación Roca, nombre aportado por el Parlamento catalán. En octubre, el Gobierno trasladó a CiU y ERC su intención de proponer en el Congreso a Eliseo Aja, catedrático y actual presidente Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, pero ahora la propuesta de ese nombre no es tampoco segura.

El PSOE barajó también el de Paloma Biglino, presidenta del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, pero fuentes socialistas cuestionan también este nombre. En todo caso, admiten que intentarán buscar una cierta paridad en su propuesta. En su momento se especuló también para el Constitucional con el nombre de Cándido Conde- Pumpido, actual fiscal general del Estado.

El nuevo Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa los recursos contra leyes emblemáticas de los Gobiernos de Zapatero, como la de matrimonios homosexuales y la del aborto, y cuestiones técnicas de las que dependen casos muy llamativos como los procedimientos penales contra el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Por otra parte, también está pendiente desde junio el nombramiento del Defensor del Pueblo, tras el final del mandato de Enrique Múgica. Este nombramiento depende también de que Zapatero haga una propuesta al líder del PP, Mariano Rajoy.