La comisión De Miguel rechazó comparecencias a todos los partidos

A falta de que el presidente de la comisión de investigación por presuntos casos de corrupción y espionaje, Juan José Agirrezabala, termine de comunicar su convocatoria a las personas llamadas a declarar, los descartes provisionales revelan que no solo el PNV padeció el rechazo de propuestas suyas, como medios de ese partido habían dejado traslucir. De hecho, de las 43 comparecencias rechazadas por el momento, 25 son de otros partidos y tres compartidas entre los peneuvistas y EA. Sí es cierto que alguna de las suyas agrupaban a varias personas. Por ejemplo, la de los periodistas que informaron sobre los casos De Miguel y Telleria, suponía la declaración de siete personas. Otro tanto ocurría con la relativa a los auditores que hubieran firmado informes sobre el parque tecnológico de Miñano. El PNV quería que se escuchara a todos, aunque no determinaba, como en el caso de los informadores, su número ni su identidad.

Al PP se le niegan comparecencias de personal de Kataia, Loizate y Urbanorma

En total, al PNV la comisión le rechazó 16 peticiones de comparecencias, al PP le fueron vetadas diez, ocho al PSE-EE, cinco a EA y solo una a Aralar. Entre los descartes hay también cuatro peticiones que fueron respaldadas por dos partidos y cumplían así uno de los requisitos para ser aceptadas: una de PSE y PP para llamar al jefe de la unidad de investigación -DAI- de la Ertzaintza y tres de PNV y EA, entre ellas la del consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el director del parque de Miñano, José Manuel Nogales. Las cuatro fueron desechadas por no cumplir el segundo de los requisitos: que las personas en cuestión hubiesen tenido conocimiento de los hechos o relación con ellos por su cercanía o por su cargo en el momento de producirse.

Tampoco tendrán que declarar, al menos por ahora, ni el actual consejero de Industria, Bernabé Unda, ni su predecesora, Ana Agirre, llamada solo por EA. A la espera de que el presidente de la comisión dé a conocer los comparecientes que sí han sido convocados y a los que la semana pasada se esforzaba en localizar para comunicárselo, es de suponer que los ex consejeros de Cultura, Miren Azkarate, y de Interior, Javier Balza, sí puedan estar entre ellos últimos, ya que, a diferencia de Agirre, no se encuentran entre los rechazados. También han quedado fuera de convocatoria otros cargos de anteriores gobiernos, como el ex director de Aguas del PNV, Jon Buesa, propuesto, como Ana Agirre, por sus ex socios en los ejecutivos de Ibarretxe.

Al PP se le han dejado fuera varias personas relacionadas con las empresas Kataia, Loizate o Urbanorma, mientras el PSE-EE se ha visto obligado a renunciar a varios jefes y representantes policiales, previsiblemente por el caso del espionaje, y a la secretaria del Ayuntamiento de Zambrana, donde la investigación se centrará en la recalificación y venta de terrenos para una frustrada operación que originó importantes pérdidas a una empresa catalana. Este es, de los cuatro apartados en que se ha dividido la investigación del Parlamento, el que coincide con la que se lleva a cabo también en las Juntas Generales de Álava. Las comparecencias empezarán allí el 10 de enero, por lo que parece existir un pacto tácito de dejar a esta institución que avance en el caso Zambrana, mientras la Cámara se centra más en los otros tres: primero, los contratos supuestamente irregulares de Cultura; después, el presunto espionaje político; y tercero, la gestión de compra de terrenos para la ampliación del parque de Miñano. Una denuncia relacionada con esta última dio origen a la investigación judicial que culminó con los arrestos de varios cargos públicos y dirigentes del PNV el pasado 17 de marzo.

Al PNV se le han rechazado, entre otras, las comparecencias de los siete periodistas, la del secretario del Juzgado de Instrucción Número 4 -el que investiga la trama de miembros de ese partido presuntamente implicados en los hechos-, y la del director de la Agencia de Protección de Datos. Todas respondían al interés jeltzale en incorporar al cometido de la investigación parlamentaria un quinto aspecto que esta no acordó: la generación de las informaciones por las que varios imputados miembros de ese partido han presentado sendas querellas.