El agujero de las prejubilaciones

Concordancia entre edad legal y edad real. Eso es lo que busca el Gobierno con la reforma del sistema de pensiones o, mejor dicho, con su pretensión de ampliar hasta los 67 años la jubilación. Una pretensión que rechaza el Pacto de Toledo, que esta semana no ha conseguido rubricar un consenso que pospone a la que viene, aunque sí está de acuerdo en que la edad media de retiro en España, más de 63 años, ha de aproximarse a los 65 oficiales. Como el Gobierno, la comisión parlamentaria es partidaria de frenar las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas. Y de elevar el periodo de cómputo para percibir la pensión actual, de 15 años.

Rodríguez Zapatero lo justifica haciendo referencia a la sostenibilidad del sistema a largo plazo, cuando las proyecciones demográficas indican que la población mayor de 65 años se disparará, justo al contrario que la que está en edad de trabajar. El conocido envejecimiento de la población europea. Pero hay quien opina que la necesidad de reducir el gasto de la Seguridad Social en la situación económica actual es el verdadero motor del aumento de la edad de jubilación en una larga lista de países europeos (Francia, Reino Unido, Alemania, Austria, Dinamarca...); además, qué duda cabe, de las previsiones demográficas.

El retiro anticipado equivale a regulación de empleo, según el Pacto de Toledo

Por una razón o por las dos, lo cierto es que la voluntad del Gobierno de elevar la edad de jubilación coincide con procesos de prejubilaciones masivos como los que están llevando a cabo las cajas de ahorros, que van a suponer la salida de entre 15.000 y 25.000 trabajadores, dependiendo de las fuentes consultadas. Despidos que se van a tramitar mediante expedientes de regulación de empleo que tendrán que ser aprobados por el Ministerio de Trabajo; el mismo que pugna por el aumento de la edad de retiro.

"Es la contradicción de estos tiempos. Se pretende elevar la edad para ahorrar y luego no se puede garantizar que el sistema productivo dé trabajo a esas personas", mantiene José María Martínez, secretario general de Comfía-CC OO. "También es verdad que, con la reestructuración de las cajas de ahorros, hay que dar la mejor salida posible a los trabajadores, y eso es a través de las prejubilaciones, como se ha hecho en el sector bancario en los últimos 20 años", agrega.

A su juicio, serán más de 15.000 trabajadores y menos de 20.000 de los que se desprendan las cajas de ahorros, que en 2009 contaban con 132.000 empleados. Martín Godino, socio de Sagardoy Abogados, bufete laboralista que está participando en casi todas las fusiones de entidades que hay en marcha y cuyo proceso espera que concluya la próxima semana, a falta solo de la operación de BBK y Cajasur, eleva la cifra de despidos a entre 20.000 y 25.000 trabajadores, cerca del 20% de la plantilla del sector, indica.

En el 85% de estas salidas, continúa, se efectuarán con prejubilaciones a partir de los 55 años de edad (salvo algún caso, que es de 54 años); los afectados percibirán alrededor del 80% de su salario fijo bruto en casi todos los casos. El 15% restante se efectuará mediante las denominadas bajas incentivadas (despidos pactados con indemnizaciones de entre 45 y 55 días por año trabajado).

Las prejubilaciones ya han comenzado y se prolongarán durante 2011 y, algunas, hasta 2012.

"Pensamos que a las personas con 54 o 55 años sí les va a afectar el aumento de la edad de jubilación dentro de 10 años, y por eso hemos negociado que las cajas paguen el convenio especial hasta los 64 o 65 años", señala el secretario general de Comfía-CC OO. "Es pagar un año más en aquellos supuestos en que los trabajadores de 64 años no lleguen a la pensión máxima para que así puedan hacerlo", mantiene Godino.

Según el documento inicial preparado por el Pacto de Toledo, "la jubilación anticipada se ha convertido, básicamente, en una fórmula de regulación de empleo". Y es, a su juicio, una situación que debe modificarse, por eso recomienda al Gobierno que la mantenga solo para aquellas personas con largas carreras de cotización y que apruebe una ley específica para los colectivos que trabajen en actividades peligrosas, penosas o insalubres.

No dice nada en su documento de retrasar la jubilación anticipada (posible hoy a los 60 o 61 años). Sí que "se debe impedir cualquier tipo de discriminación por razón de edad que tenga por consecuencia la expulsión prematura del mercado de trabajadores en plenas condiciones", y que "solo en supuestos específicos y justificados deberían poder utilizarse recursos públicos de la Seguridad Social para ajustes de plantilla que supongan jubilaciones anticipadas". Por ello, "tal retraso puede ser la fórmula de encarecer y desincentivar los despidos pactados como vía de prejubilación, financiada con cargo a las arcas públicas del desempleo, con indemnizaciones exentas y manteniendo la cotización durante ese periodo", sostiene el gabinete jurídico del Centro de Estudios Financieros (CEF).

Aunque puede haber otros mecanismos para penalizar las prejubilaciones, como son: aumentar los coeficientes reductores de la pensión por cada año de anticipación al retiro oficial, que hoy están entre el 6% y el 8%. O establecer porcentajes máximos en el caso de las prejubilaciones que prevén todos los expedientes de regulación de empleo, tal y como ocurre en otros países como Alemania, Bélgica o Francia, indican los expertos consultados. -