Al rescate de la justicia

Pilar de la Oliva Marrades es la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y en su toma de posesión el lunes pasado formuló un compromiso muy pertinente y alentador. "Luchar, dijo, por una justicia mejor, más rápida y más eficaz". Qué menos se puede decir en tan solemne ocasión. Sin embargo, el prestigio y la experiencia que le avalan garantizan que pondrá en ello todo su empeño y que movilizará la colaboración del estamento judicial, en el que ya se percibe -o eso hemos pulsado- una muy positiva valoración del relevo en esa alta instancia. Pero más que eso necesitará para llevar a buen fin tan arduo propósito, pues son proverbiales los obstáculos a remover.

Por un lado, y como es sabido, la situación de la justicia valenciana en punto a la escasez de recursos materiales y personales es lamentable, por describirla sin dramatismo. A principios del año que acaba y a este respecto, el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, no se anduvo con melindres y calificó de "negro" el panorama como consecuencia de la falta de inversiones en plantillas y equipos informáticos, en contraste con el desbocado incremento de la actividad judicial a raíz de la crisis económica. El riesgo del colapso no era desdeñable. Juzgados hubo y hay que hasta sin folios ni presupuesto se quedaron. Añádase a ello los incumplimientos de la Generalitat para con la oficina judicial y la mortificante ruina en la que están sumidas las finanzas autonómicas, lo que quiere decir que poco o nada hay que esperar por ese lado para enmendar los déficit y aliviar sobrecargas de trabajo. "Estar a la altura de las circunstancias", como prometió la presidenta, requerirá verdadera abnegación.

De otro lado, o acaso como prolongación del mismo, la justicia valenciana, y el Tribunal Superior como su faro más visible, tendrá que emitir las señales adecuadas para recuperar el crédito perdido y contribuir en la mayor medida a sanear este clima generalizado de impunidad y hasta de cachondeo judicial -si se nos permite la ligereza- que se ha instalado en una Comunidad, como ésta, asolada por la corrupción y perpleja, cuando no escandalizada, por resoluciones pintorescas -cómo no evocar al "tribunal con encanto" presidido por Juan Luis de la Rúa-, juzgados convertidos en pasarelas de jueces y fiscales -¿cuántos de ellos han sorteado, eternizándolo, el embolado judicial del castellonense Carlos Fabra?-, o saqueos de los dineros públicos mediante tramas organizadas y gobernantes imputados de cohechos propios e impropios, activos o pasivos.

No debería encomendársele a los tribunales la función y responsabilidad que en buena parte concierne a los partidos políticos, especialmente a los mayoritarios y, en singular, al que viene siendo hegemónico -decimos del PP, obviamente-, convertido en una gusanera de corruptos. No es sorprendente que los ciudadanos los tengan en tan baja estima a la vista de cuán impotentes se muestran para disciplinar a tantos de sus miembros más notables, a no pocos de los cuales incluso amparan y hasta promueven a pesar de ser unos meros chorizos. En tales condiciones es lógico que la ciudadanía confíe en que, a pesar de los pesares, sean los jueces quienes restauren el imperio de la ley y nos protejan de esta prolongada cleptocracia. La nueva e intrépida presidenta del TSJ se ha puesto a ello.