La justicia se niega a reparar a una mujer expoliada tras un error médico

En los tres años que estuvo vigente la declaración de incapacidad de Mercedes Mouriz, una maestra jubilada de Vilagarcía, la Fundación Galega para la Tutela de Adultos (Funga), el organismo dependiente de la Xunta y durante ese tiempo administradora de sus bienes, firmó la venta de su patrimonio a la empresa Promociones Domicres, SL. La Audiencia Provincial de A Coruña ha dado ahora carpetazo a un largo litigio al desestimar todas sus denuncias, e insta a la mujer a reclamar a la promotora su patrimonio y las pertenencias que había en su casa cuando fue vendida.

Mercedes Mouríz, de 83 años, había heredado de sus padres un céntrico y centenario edificio de doble fachada en Vilagarcía hasta que en octubre de 2002, dos policías la recogieron en su casa y la trasladaron al juzgado, alegando que su estado psíquico era deficiente y que la vivienda amenazaba ruina. Con lo puesto, y después de ponerla a disposición del juzgado de Vilagarcía, este entregó su tutela a la Funga. La anciana, que se negó a ingresar en el asilo de la ciudad, fue trasladada en ambulancia a una residencia de ancianos de Ourense donde permaneció hasta mediados de 2004.

La Administración ni intentó localizar a la familia de Mercedes Rodríguez

Entretanto, un informe del aparejador municipal declaraba ruinoso el edificio y a ella la incapacitaba el juez de Vilagarcía José Antonio Vázquez Taín basándose en el dictamen de un médico forense que no reconoció a la mujer hasta dos meses después de incoarse el expediente y cuyo diagnóstico señaló: "Su curación es improbable".

En 2004, la Funga autorizó la venta del edificio a la promotora Domicres, SL por 55.000 euros, aunque sin el preceptivo expediente de ruina del edificio que, además, estaba catalogado como patrimonio a preservar. La empresa se comprometía a entregarle a la anciana un primer piso de 60 metros cuadrados al término de las obras. Un informe pericial posterior, que consta en autos, firmado por la empresa de tasación Gesvali, valoró el solar en 549.577,28 euros, sin contar los 318 metros cuadrados de superficie construidos, así como la piedra de la fachada, cuyo paradero es otra incógnita.

Cuando unos parientes de Mercedes que viven en Touro, cerca de Santiago, fueron a visitarla a Vilagarcía y constataron que ella no estaba y que el edificio había sido vendido. Entonces iniciaron su búsqueda, recurrieron su incapacitación y solicitaron al juez su tutela. En febrero 2005, el mismo juez que declaró su incapacitación rectificó. Para entonces, el patrimonio había sido vendido diez veces por debajo de su valor en el mercado. El 21 de enero de 2009, la juez sustituta de Vázquez Taín que instruyó el caso firmó una providencia instando a la Funga a que en el plazo de un mes entregase a Mercedes Rodríguez todo su patrimonio y lo acreditase documentalmente. Como no lo hicieron, la mujer promovió una demanda civil contra la Xunta para recuperar sus bienes, desestimada por el Juzgado número 4 de Santiago en noviembre del pasado año.

Ni en aquella sentencia ni ahora los magistrados valoran las presuntas irregularidades en la venta del edificio y si la tutela que ejerció la Funga fue o no correcta. El fallo hace responsable a la promotora e insta a la demandante a que salde cuentas con ella. Tampoco se pronuncia la sentencia sobre si hubo o no irregularidades en la declaración de incapacidad de la anciana, pese a los hechos denunciados ante los tribunales durante cinco años. El abogado de la mujer aportó documentos en los que prueba que fue internada en la residencia San Rosendo de Ourense porque la justicia no empleó todos los mecanismos necesarios para encontrar a sus parientes más próximos.

"La sentencia impugnada rechazó las pretensiones de la demandante con una argumentación impecable que hacemos nuestra en esta resolución", señala el fallo. La sentencia aduce que resulta "parcial e inadmisible" atribuir a la fundación de la Xunta la venta del edificio propiedad de la mujer y el cobro de la operación.