Nuevos datos para anular la condena a Miguel Hernández
Cien entidades, contra la sentencia a muerte del poeta
El segundo proceso judicial abierto al poeta Miguel Hernández en Orihuela, tras su primer arresto por el franquismo, y la declaración del Gobierno de reparación de su memoria, son los argumentos jurídicos que esgrime la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante en el recurso presentado ante el Tribunal Supremo exigiendo la nulidad de la condena a muerte del literato. Los expertos en la figura de Hernández destacan que no se pueden mantener dos procesos en paralelo y por el mismo delito y, además, que el Gobierno en su declaración reconoce la injusticia de la condena.
"Es paradójico, conmemoramos el centenario de un poeta que todavía está condenado a muerte", dijo ayer Luis Pesquera, miembro de la Comisión.
En junio pasado, los herederos de Miguel Hernández presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo en el que pedían la "revisión y nulidad" de la sentencia a muerte del poeta. "Esperamos en breve tener copia del informe que ha elaborado la fiscalía", admitió el abogado Carlos Candela, quien confía en que en "tres o cuatro meses" el Supremo decida sobre el recurso.
El profesor de Filosofía de Derecho de Universidad Carlos III de Madrid Rafael Escudero confesó que la mayor dificultad radica en "la mala calidad" de la Ley de Memoria Histórica, que, según dijo, "no reconoce la nulidad de estas condenas, aunque admita que son injustas e ilegítimas". Pero siguen siendo válidas, y la única manera de anularlas es con un recurso de revisión avalado con "hechos nuevos".
La Comisión Cívica presentó ayer en el registro de la Subdelegación del Gobierno de Alicante el listado de las entidades, organizaciones y personas que se han sumado a la petición de revisión y nulidad de la sentencia militar, todavía vigente, del 18 de enero de 1940 por la que se condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Entre el centenar de instituciones que se suman a esta iniciativa destaca la adhesión de las Cortes Valencianas, las tres Diputaciones, 40 Ayuntamientos, decenas de centros educativos y otras instituciones académicas y culturales. Además, los promotores de la iniciativa adjuntan 1.315 firmas de particulares. "Es un clamor universal y existe un convencimiento unánime de la falta de actividad delictiva del poeta", sentenció Manuel Parra.
