La Junta plantea eliminar casas levantadas en zona inundable

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, detalló ayer que la comisión creada tras las recientes inundaciones intentará buscar soluciones para evitar las riadas como registradas la semana pasada en la cuenca del Guadalquivir. En algunos casos, se intentarán acelerar las obras hidráulicas para evitar que las casas vuelvan a arriarse. Sin embargo, en otros casos, se deberán eliminar algunas de las cientos de construcciones ilegales que están en los cauces.

Así lo reconoció ayer Pizarro en Huelva, quien, en declaraciones recogidas por Efe, señaló que hay zonas en las que "no se pueden evitar las inundaciones" y en ellas la solución es que "las viviendas no pueden estar allí". El consejero abogó por que la Junta y los ayuntamientos busquen respuestas para que "estas personas no vivan allí" y así se evitará "uno de los principales problemas" que hay como consecuencia de los desbordamientos de ríos y cuencas.

El último plan de avenidas señalaba 1.102 puntos de riesgo

El Gobierno central y el andaluz han constituido una mesa de trabajo con 18 ayuntamientos andaluces afectados por las últimas riadas y por las del mes de febrero. Esta mesa servirá también para modificar el mapa de las zonas inundables de Andalucía, que data de 2002 y contempla una batería de obras hidráulicas para evitar inundaciones.

Ya se han celebrado dos reuniones de esta mesa de trabajo. En el primer encuentro participaron los alcaldes de los 18 municipios. Y el tema de las viviendas ilegales ubicadas en zonas inundables salió a relucir en esa reunión. El alcalde del municipio sevillano de Tocina, Juan de Dios Muñoz (PSOE), explicó su experiencia. Este Ayuntamiento ha apostado por el traslado de los habitantes del centenar de casas que se habían levantado en zona inundable.

De momento, según indicaron ayer fuentes de la Consejería de Gobernación, todavía es pronto para señalar una solución única para las casas ilegales levantadas en estas zonas. Sin embargo, algunos ayuntamientos ya están lanzando sus propuestas.

Es el caso del de Córdoba, que ha propuesto dar facilidades para acceder a viviendas de protección en régimen de alquiler a los propietarios de edificaciones ilegales que acepten derribar las casas que han levantado. El responsable del área de Urbanismo de Córdoba, Francisco Tejada (IU), señaló que solo se aplicaría esta fórmula cuando se trate de la primera residencia y cuando los propietarios encajen en los requisitos de renta para poder optar a una vivienda protegida.

El problema en Córdoba es quizás el de mayor envergadura por el número de viviendas ilegales. En estas últimas riadas unas 360 casas del término municipal de Córdoba se han visto afectadas por la crecida del río Guadalquivir. Según señaló ayer el Ayuntamiento, la "gran mayoría" de estas edificaciones se levantaron sin permisos y están ubicadas en zona inundable, según el Plan General de Ordenación Urbana de 2003. Al estar levantadas en este tipo de zona es imposible su regularización, por lo que siempre estarán al margen del ordenamiento.

El consejero de Gobernación también dijo ayer que el cambio en el mapa de las zonas inundables no se quedará solo en el río Guadalquivir, ya que la Junta ampliará esos trabajos a otras cuencas como las del Guadalete, el Guadiaro y el Guadalhorce. En el caso del Guadalete, por ejemplo, el invierno pasado se inundaron cerca de 100 casas levantadas ilegalmente en el municipio de gaditano de Jerez.

El último Plan de Prevención de Avenidas, aprobado por la Junta en 2002, identificaba 1.102 puntos de riesgo de inundaciones en los cauces en 428 municipios de las ocho provincias. De estos puntos, 118 estaban calificados como zonas de máximo riesgo.