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El Parlamento Europeo rechaza el "permiso único" para la inmigración

La directiva consagraba la discriminación de los extranjeros no comunitarios

El Parlamento Europeo rechazó ayer la directiva de "permiso único" que consagraba la discriminación de los inmigrantes de terceros países en importantes derechos laborales y sociales. Una disputa de última hora entre liberales y conservadores ha permitido a los grupos de izquierda cerrar el paso al polémico texto. Alejandro Cercas, eurodiputado socialista, y principal artífice de la movilización, expresó su satisfacción por el rechazo a una norma que "permitía la entrada en Europa de trabajadores que no quedaban sometidos al derecho comunitario ni al derecho nacional, lo que fomentaría los sentimientos de xenofobia, racismo y rechazo hacia los inmigrantes".

El voto de un importante sector de los liberales, por las últimas modificaciones del Consejo, provocó un cambio decisivo en la votación cuyo resultado fue de 350 votos en contra, 306 a favor y 25 abstenciones. Guy Verhofstadt, presidente del grupo liberal, manifestó que "la propuesta de la Comisión proporcionaba un procedimiento simple y único de residencia para los trabajadores de terceros países, pero el Consejo insistió en que los Estados podrían exigir documentos adicionales. Pero esto sería una burla a la propuesta de tener un procedimiento único y simplificado".

La izquierda denunció que la norma fomentaba la xenofobia

La directiva vetaba el pago de la pensión de jubilación en los países de origen

La directiva ha sido devuelta a la Comisión Europea, para que considere si mantiene su propuesta inicial. El vicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras, que dirigió la sesión del plenario, dijo que tras las explicaciones de la comisaria Neelie Kroes, en representación de la Comisión Europea, entendía que en principio el Ejecutivo comunitario mantendría la propuesta. Ahora habrá que ver primero si finalmente la Comisión mantiene el mimo texto. Por su parte, los eurodiputados disponen de dos meses para buscar de nuevo un acuerdo.

Cercas señaló con notorio entusiasmo: "Ahora tenemos una nueva oportunidad". "Necesitamos" dijo, "un debate abierto ante la sociedad civil europea, ante las ONG, ante la Iglesia y ante los sindicatos".

Anna Terrón, secretaria de Estado de Inmigración, manifestó que el Gobierno apoyará la posición del Parlamento y pedirá a la Comisión Europea que "revise la propuesta". "Se trata", dijo, "de evitar una directiva Bolkenstein mundial [en relación a la antigua directiva de servicios] e impedir abusos en el traslado de trabajadores en las compañías multinacionales".

El líder de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, destacó: "Hemos evitado que Europa dé un paso atrás". "Estamos aquí", añadió, "para velar por la igualdad en el trabajo y preservar nuestro modelo de protección social. Con esta votación, el Parlamento Europeo ha demostrado, una vez más, su importancia en el proceso legislativo de la UE".

Willy Meyer, eurodiputado por Izquierda Unida, expresó su satisfacción por el rechazo de la directiva por parte de la Eurocámara "porque era un proyecto que violaba la igualdad de los trabajadores". La propuesta de directiva de "permiso único", que pretendía fijar un marco de derechos uniforme para estos inmigrantes, estaba llena de exclusiones y derogaciones. Así, están excluidos los trabajadores temporales, los desplazados, los trasladados por empresas de terceros países, los de empresas prestadoras de servicios mediante contrato, y determinados supuestos de aprendices.

Existía el riesgo evidente de establecer importantes diferencias en los derechos de los trabajadores europeos y los desplazados de terceros países. Muchas compañías podrían trasladar sus sedes a países terceros como Marruecos o Turquía y desplazar después a los trabajadores de esos países a sus sucursales en la UE con las mismas condiciones laborales del país de origen.

Las derogaciones más significativas son las referidas a la exportación de pensiones, reconocimiento de prestaciones familiares, el derecho a la vivienda, a la formación y a la educación permanente. Esto significa, por ejemplo, que un emigrante turco o marroquí que haya trabajado en Alemania no podrá recibir su pensión en su país de origen si decide retirarse allí, sino que deberá permanecer en el Estado donde haya trabajado.

La aprobación de esta directiva consagraría la inferioridad del derecho europeo en materia laboral y social respecto al Convenio de Naciones Unidas de 1990, sobre la protección de derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de diciembre de 2010