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Griñán aparca el plan para reducir las delegaciones a la mitad

El Gobierno carece de un calendario para la supresión de cargos provinciales

Lourdes Lucio

La reducción a la mitad de las delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía propuesta por José Antonio Griñán está en el aire. Entre otros motivos por falta de tiempo político, aunque no son menores las razones de carácter partidario que generaría una medida de este tipo en el PSOE, donde las opiniones de los secretarios generales provinciales a la hora de proponer delegados han pesado históricamente mucho.

El Gobierno andaluz no tiene ningún calendario previsto para acometer esta medida cuya aplicación supondría un cambio radical en el funcionamiento de la Administración autonómica periférica. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, admitió ayer en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno la ausencia de una agenda específica para esta iniciativa anunciada por Griñán a los periodistas en octubre de 2009. Moreno aplazó cualquier decisión sobre la eliminación del 50% de las 96 delegaciones provinciales a la convalidación como ley del polémico decreto de reordenación del sector público. "Lo acometeremos con posterioridad" a la tramitación de la ley, señaló la consejera de la Presidencia. En la práctica esto supone enterrar la reducción de las delegaciones, según confirmaron fuentes socialistas.

A la legislatura le queda apenas un año antes de las elecciones autonómicas de marzo de 2012. Si esta fecha de convocatoria se mantiene, como ha dicho de manera reiterada Griñán, el Parlamento se disolverá tras la aprobación del presupuesto de la Junta para 2012, en diciembre del año que viene. Y el desarrollo de la ley de reordenación del sector público, cuya aprobación está prevista para el próximo mes de febrero, consumirá prácticamente todo el año que viene.

El Gobierno ya ha congelado el decreto de reordenación del sector público a la espera de lograr un consenso político y sindical más amplio durante la tramitación de la ley en el Parlamento. Eso supone que los estatutos de las agencias públicas -los 14 grandes contenedores en los que se van a agrupar los 111 entes instrumentales de la Junta suprimidos- también se van a paralizar. Y a partir de que estos se aprueben vendrá todo el desarrollo posterior de reglamentos y convenios. Es decir, no hay tiempo. Este decreto supone la supresión de 180 puestos directivos.

Pero también en algunos sectores del PSOE se considera imprudente eliminar unos puestos que ocupan personas propuestas por los secretarios provinciales socialistas a pocos meses de las elecciones autonómicas, es decir, cuando menos ruido interno se necesita.

Una de las líneas centrales del discurso de investidura de Griñán fue precisamente la reforma de la Administración. El presidente andaluz prometió la descentralización política y administrativa, de manera que "la mayoría de los asuntos" de las provincias "se resuelvan" en ese ámbito. Este proyecto estaba ligado a la aplicación de la ley de autonomía local de Andalucía, que cede competencias a los municipios, una norma que está en pleno desarrollo.

La idea de Griñán era concentrar la gestión provincial en seis o siete delegaciones y dar mayor rango a los delegados del Gobierno de la Junta, de manera que tuvieran capacidad para firmar órdenes o autorizar gastos.

Mar Moreno destacó ayer los "avances" de reducción de cargos que se ha producido con Griñán.

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