Garzón y la universalidad del derecho a la verdad

Aunque previsible, resulta asombroso el impacto que ha tenido en la opinión pública internacional la suspensión y el enjuiciamiento posterior del magistrado andaluz Baltasar Garzón. Pero lo más llamativo continúan siendo las múltiples y desconcertantes acusaciones que se le formulan aunque, claro está, todas se enlazan con aquella originaria presentada por los grupos de ultraderecha, que marcó con nitidez la impronta ideológica de las sucesivas denuncias.

Lo cierto es que juristas, políticos, intelectuales, numerosas víctimas y ciudadanos del mundo entero siguen con creciente inquietud las noticias procedentes de España a la espera de un veredicto que defina la situación de quien supo darnos tan buenas y alentadoras noticias como fueron el pedido de extradición de Pinochet o el impulso de las causas contra los argentinos Ricardo Cavallo, Adolfo Scilingo y otros. Además lo hizo, en todos los casos, avalado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional español que, por ejemplo, declaró competente la jurisdicción española para el juzgamiento de masacres cometidas en Guatemala hace décadas. En su coherente aplicación de la jurisdicción universal, Garzón y España aportaron al mundo valiosos precedentes en el campo de los derechos humanos y en particular en la realización del derecho a la verdad en tanto que derecho inalienable e imprescriptible cuya exigibilidad jurídica alcanza a todos los Estados.

Wikileaks confirma que el Gobierno de Bush combatía la jurisdicción universal y a jueces como Garzón

Como relator especial de la ONU tuve a mi cargo, en 2006, la redacción del informe en el que el derecho a la verdad fue formalmente reconocido (E/CN.4/2006/52). Dos párrafos de ese informe (30 y 34) destacan con interés la situación de España. Todavía recuerdo el entusiasmo con que muchos diplomáticos en Ginebra, entre ellos algunos españoles, celebraron su aprobación en la Comisión de Derechos Humanos -hoy Consejo- de las Naciones Unidas.

Un nuevo clima se vivía en el mundo. Teníamos la sensación de haber hecho retroceder las murallas de la impunidad hasta lograr el derrumbe del negacionismo. La verdad comenzaba a recorrer los mismos senderos de exigibilidad que el derecho a la justicia, y la memoria se transformaba en uno de los motores más genuinos de la reconstrucción histórica.

Cuando se aprobó mi informe, en España se había encomendado a la entonces vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la tarea de articular la comisión encargada de restablecer la memoria sobre los crímenes del franquismo. No obstante los importantes avances producidos, ese loable propósito valorado por las víctimas ha ido encontrando graves dificultades, crecientes obstáculos sembrados para silenciarlo. En este contexto, las acciones contra Garzón representan, para muchos, una suerte de contragolpe de la historia y la valiente trayectoria del magistrado agiganta aún más los enigmas que envuelven su enjuiciamiento.

Injusta, sorprendente e ingrata paradoja del destino. España construyó prestigio en el campo de los derechos humanos enarbolando los principios de la jurisdicción universal de los que Baltasar Garzón es un noble exponente, pero al obrar de esta manera se presenta ante el mundo como todo lo opuesto, olvidando que uno de los relatos míticos que más la identifica pondera la hazaña de quien ganó una batalla decisiva solo con su leyenda. Hoy, más que los valores de El Cid, lo que muestra ese relato es que las causas trascienden a los hombres y que de poco sirve aniquilarlos física o moralmente porque quienes han hecho historia perduran en ella.

Si la ONU reconoció en 1985 el terrible Genocidio de los armenios entre 1915 y 1923 a pesar de la tenaz oposición de la diplomacia de Turquía, y más recientemente la Comisión Europea (2007) y el Parlamento Europeo (2010) condenaron la subsistencia del artículo 301 del Código Penal turco que castiga su mención y por el que centenares de intelectuales -tal el caso del premio Nobel Orham Pamuk- son reprimidos en ese país, ¿cómo no considerar válida y legítima la reconstrucción histórica de los crímenes del franquismo en un país europeo y democrático como España?

Es un tanto sugestivo y desconcertante que Garzón sea juzgado por lo mismo que, de su mano, España exportó a nuestra América Latina no hace tanto tiempo: el noble servicio de perseguir hasta el final a quienes habían cometido los mismos crímenes que perpetró el franquismo. Ironías aparte, parece un revival de la historia, en el que los espejitos de colores solo se pueden vender en las colonias, pero se prohíben y castigan severamente en la metrópoli.

Resulta llamativa esta férrea resistencia a incursionar en la memoria desde el mundo del derecho. ¿Abarca la negativa al conjunto del pueblo español o se ha incrustado en un sector retrógrado de la sociedad? ¿Teme la justicia española el impacto moral de reconocer la aberración jurídica propia de hechos que muchos califican de genocidio? ¿O acaso teme que se desvele que aquella sangrienta contienda fue, más que una guerra civil, una auténtica cacería que se prolongó por décadas? Cada día resulta más difícil imaginar que una sociedad pueda considerarse madura si desconoce aspectos trascendentales de su propia historia. El carácter inexorable del conocimiento de la verdad nos permite afirmar, desde una perspectiva histórica, que verdad, justicia y reparación son componentes inescindibles de una sociedad democrática, y que, lejos de debilitarla, la nutren y la consolidan.

En la Argentina se juzgó a los principales responsables del plan de exterminio organizado por el terrorismo de Estado en el célebre e inédito juicio a las tres primeras juntas militares que ocuparon el poder entre 1976 y 1983, y aunque más tarde se establecieron límites a la persecución penal con las leyes de "punto final" y de "obediencia debida" y el presidente Carlos Menem indultó a todos los que habían sido condenados o estaban por serlo, nada impidió que 30 años más tarde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la nulidad de esas medidas legales y reencauzara el juzgamiento de esos crímenes. Incluso bajo la vigencia de los decretos de indulto y amnistía, los jueces siguieron adelante con los famosos "juicios de la verdad", que permitieron profundizar las investigaciones aun cuando el Estado había renunciado transitoriamente a la pretensión punitiva. Jamás, en democracia, un juez fue acusado de prevaricar cuando reclamaba esta apertura o declaraba la inaplicabilidad de las leyes, o exigía que la investigación sobre la suerte de los desaparecidos siguiera su curso. Tampoco se le imputó tamaño improperio a la Corte Suprema de Justicia que reabrió las causas y posibilitó el castigo irrestricto de todos los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

España por la aplicación progresiva de la jurisdicción universal y Argentina por el reconocimiento absoluto del derecho a la verdad conforman los principales precedentes internacionales y nacionales, respectivamente, de un juzgamiento ejemplar de los crímenes contra la humanidad. Recientemente, a partir de una querella de las víctimas, la justicia argentina ha formulado un requerimiento para juzgar los crímenes del franquismo en aplicación de la jurisdicción universal. ¿Cómo responderá España? ¿Va a investigar a pesar de la amnistía de 1977 o dirá que esta última le impide hacerlo y, de esa manera -en un acto de involuntaria reciprocidad- abrirá los cauces de la jurisdicción argentina?

Inspirada en la aplicación de una doctrina universal, España ha sido el país que con mayor fuerza y coherencia ha solicitado a otros Estados el esclarecimiento de la suerte corrida por los españoles víctimas de estos crímenes fuera de sus fronteras. Cada año, en Argentina, la Embajada de España recibe la cálida y conmovedora visita de los familiares de españoles allí desaparecidos. La pregunta es si seguirá haciéndolo. ¿Tendrá España la autoridad moral y la misma fuerza que ahora para reclamar ante los gobiernos? ¿Serán sus reclamos tan eficaces e imperativos como lo han sido hasta el presente?

El impúdico strip tease informático con que Wikileaks desnuda las frivolidades de la diplomacia internacional, confirma con crudeza que las lacerantes comprobaciones que realizáramos cinco expertos de la ONU (E/CN.4/2006/120 ) sobre la situación de los detenidos en la Bahía de Guantánamo eran el resultado de una planificación estatal que comprometía y compromete a individuos determinados como responsables de violaciones gravísimas de los derechos humanos susceptibles de ser calificadas de "crímenes contra la humanidad". Ello explica las encarnizadas batallas de la diplomacia estadounidense contra la aplicación de la jurisdicción universal y la lucha de Garzón. Más aún, los cables confirman que en este combate los enemigos nacionales cuentan con poderosos aliados en el nivel internacional. Léase Bush, Rumsfeld y compañía

Los jueces españoles tienen el deber moral de evaluar las previsibles consecuencias que tendrá en el mundo tamaño retroceso, no solo en el campo de los derechos humanos, sino también en la imagen y credibilidad del país. Nadie entiende el espanto que despierta en algunos sectores del pueblo español revisar hechos mucho más lejanos que los nuestros, sobre todo, luego de haber estimulado y acompañado con éxito una experiencia como la argentina, donde el esclarecimiento del pasado fecundó y fortaleció nuestra transición democrática.

En cualquier caso, es legítimo preguntarse cuántos años más podrá la cultura española continuar cerrando las ventanas a su propia historia. Tal vez una década o dos. Mientras tanto, es importante para todos que en esta larga y postergada toma de conciencia no perdamos, por necedad o ingratitud, a nuestros principales baluartes.

Leandro Despouy es auditor general de la República Argentina y fue relator especial de la ONU sobre la independencia de la justicia. Premio Justicia en el Mundo 2008.