El PSOE ofrece rectificar de nuevo el decreto del sector público

"Si rectificar es de sabios, los socialistas no vamos a ser los últimos de la clase". Esta frase del diputado socialista José Caballos describe la posición que va a mantener "el partido que apoya y sostiene" al Gobierno andaluz en la tramitación como proyecto de ley de la reordenación del sector público. Esta iniciativa ha puesto en pie de guerra a parte de los funcionarios que creen que pueden sufrir una pérdida de derechos y ha situado a los trabajadores de las empresas públicas de la Junta bajo el cartel de ser unos "enchufados" del PSOE.

El PSOE quiere abrir el abanico y negociar con todos los sindicatos el polémico decreto que ayer convalidó el pleno del Parlamento, únicamente con los votos de los socialistas. También se acordó tramitarlo como proyecto de ley. Los socialistas dejaron clara su disposición a pactar también con los partidos, aunque en los bancos de la derecha el PSOE no tiene ningún crédito, dado el escaso éxito de aceptación que tienen y han tenido las enmiendas del PP en el debate de los proyectos de ley del Gobierno.

Durante el pleno, grupos de funcionarios se concentraron en el exterior de la sede del Parlamento. Sus bocinas se escucharon durante toda la jornada. El PSOE desconvocó una reunión anunciada el día anterior con los representantes del CSIF, uno de los sindicatos más representativos de la función pública. El CSIF había pedido a sus afiliados que rodeasen con cadenas humanas edificios emblemáticos de la comunidad y consideró que no era razonable celebrar al mismo tiempo una reunión con el PSOE, según la versión de este partido. El CSIF dijo que no sabía nada del encuentro. CSIF y PSOE celebraron hace 15 días un primer contacto del que no se informó.

¿Qué es lo que quiere ahora el Gobierno andaluz? Salir del embrollo en el que se ha metido cuando en el mes de julio aprobó por decreto ley la reordenación del sector público para suprimir 111 entes instrumentales, agrupándolos en 14 grandes agencias. El ahorro de esta medida se calcula en 118 millones de euros hasta 2013. Este decreto se volvió a modificar con otro aprobado el pasado 23 de noviembre y ahora se tramitará como ley. No hay nadie en el PSOE, empezando por su secretario general y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que no admita que se han equivocado en este asunto.

Ahora se trata de corregir otra vez el decreto. "Si en la tramitación como ley se detecta algún error lo corregiremos; si hay que definir con más precisión, lo precisaremos; si hay artículos que menoscaban derechos, dígase cuáles y lo suprimiremos", proclamó Caballos. También la consejera Carmen Martínez Aguayo confío en un debate sosegado en el Parlamento para evitar "la manipulación del texto legal".Si hay o no sosiego o si el PSOE va a conseguir ampliar el acuerdo ya alcanzado con CC OO y UGT sobre el sector público se verá en las próximas semanas. El mes de enero se va a habilitar para que la ley pueda estar aprobada en febrero. Pero en el debate parlamentario de ayer quedó claro que el PP no está por la labor de echar una mano a su principal adversario y menos a las puertas de una convocatoria electoral.

Los socialistas insistieron ayer en que los servicios públicos se van a mantener y que ningún empleado de la Junta, sea funcionario, personal laboral o externo va a perder sus derechos. Y atribuyen este temor "a las pamplinas y las intoxicaciones", en palabras de Caballos, del Partido Popular.

Los populares piden para negociar partir de cero, es decir, la derogación del decreto y consideran un "paripé" que se quiera ahora tramitar como proyecto de ley. "Así es imposible el consenso", aseguró el portavoz del PP, Antonio Sanz. En su opinión, en el texto convalidado ayer se mantienen los mismos "visos de inconstitucionalidad" que llevaron a su partido a recurrir ante el Tribunal Constitucional la primera norma aprobada en julio. Según Sanz, se produce una "vulneración del derecho del personal laboral de la Junta" y no se respeta el acceso a la Administración en condiciones de igualdad. No obstante, en el texto se deja claro que el acceso de los trabajadores de las entidades instrumentales suprimidas a la condición de funcionario o personal laboral "sólo podrá efectuarse mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público".

Pero no va a ser fácil para el PSOE convencer al PP de que no hay puertas traseras para acceder a un puesto fijo y de por vida en la Administración. Tres horas después de este debate, el PP defendió otra iniciativa pidiendo la derogación del decreto. Y su portavoz, Esperanza Oña, tuvo muy claro cuáles son, según ella, las intenciones de los socialistas: "Buscar un salvoconducto para blindar a los 20.000 afines a los que han colocado en las empresas públicas, atrincherarse ante un posible cambio de gobierno con una guardia pretoriana". También les acusó de "elaborar listas negras de trabajadores para expedientarlos".

La posición de IU al diálogo sí es más clara, aunque también pidió derogar el decreto. Su portavoz, Diego Valderas, puso como condición el que no se privaticen servicios públicos y por un modelo profesionalizado de la Administración. Oña lo tachó de ingenuo.