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Hernández busca un pacto para que no se hagan más minicentrales

Medio Ambiente planea resarcir a las empresas con concesiones de Fraga

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas estudia negociar con las empresas una retirada de las concesiones para construir minicentrales eléctricas en los ríos. La nueva vía que explora el conselleiro Agustín Hernández, después de concluir que la realización de los miniembalses es realmente una amenaza en los cauces fluviales, supondrá negociar con los titulares de las licencias el pago de indemnizaciones para que renuncien a sus derechos. Las autorizaciones fueron aprobadas en un Consello de la Xunta en funciones tras los comicios que llevaron a la coalición de socialistas y nacionalistas a San Caetano en 2005.

La oposición, sin embargo, recela de las intenciones de Medio Ambiente. Hernández era alto cargo en el Gobierno de Manuel Fraga que dio luz verde a los 31 proyectos ahora en discusión y el bipartito presidido por Pérez Touriño hizo bandera ecologista de su paralización, al poco de llegar al poder. Otro motivo que lleva a desconfiar a PSdeG y BNG es que, hace solo tres meses, el departamento de Agustín Hernández publicitó el borrador del Plan Hidrolóxico Galicia-Costa y en él se recuperaban las concesiones con la sola condición de presentar "un nuevo diseño acorde con los nuevos requisitos medioambientales". En octubre de 2009, la Xunta anuló un proyecto que enterraba finalmente las minicentrales.

El borrador del plan, en exposición pública hasta marzo, permite conceder nuevas autorizaciones para aprovechamientos hidroeléctricos si incorporan "medidas tendentes a minimizar sus afecciones al medio y a otros posibles aprovechamientos". Las concesiones paralizadas por el bipartito, en contra de lo que reclamaba la actual oposición, no quedaron caducadas ni sin efectos administrativos. Pero exactamente desde la salida a la luz del borrador, la Xunta de Feijóo ha acentuado su discurso medioambientalista y asegura, al menos en público, que los criterios restrictivos en protección del medio irán lo más lejos posible.

La última de las incontables vueltas de tuerca de la Xunta con las minicentrales autorizadas por el último Gobierno de Fraga pasa por pagar a cambio de rescate las concesiones. Esa es la vía que está estudiando la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que dirige Agustín Hernández, después de concluir que aquellas autorizaciones concedidas en un Consello de la Xunta en funciones, tras la derrota electoral del PP en 2005, suponen realmente una amenaza para los ríos gallegos.

Esa es al menos la teoría, ya que la oposición recela de las auténticas intenciones del conselleiro. Lo hace porque Agustín Hernández era alto cargo en aquel Gobierno de Fraga y por la oposición que mantuvo el PP a la paralización de las 31 minicentrales que aplicó el bipartito. Pero sobre todo, PSdeG y BNG desconfían porque hace sólo tres meses, la Consellería de Medio Ambiente daba a conocer el borrador del Plan Hidrológico Galicia-Costa, por el que se recuperan los proyectos con la única condición de que presenten un diseño "acorde con los nuevos requerimientos medioambientales".

El borrador del Plan Hidrológico, que estará a exposición pública hasta marzo, establece que se podrán conceder nuevas concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos, siempre que incorporen "medidas tendentes a minimizar sus afecciones al medio y a otros posibles aprovechamientos". Y respecto a las que paralizó el bipartito, en una decisión que pretendía ser un emblema de la política ambiental del Gobierno de Touriño, el nuevo plan de la Xunta no las considera caducadas ni sin efectos administrativos, como reclamaba la oposición.

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Pero desde la aprobación de ese borrador del Plan Hidrológico, la Consellería de Medio Ambiente ha recuperado su discurso más proteccionista, y asegura que llevará hasta el final los criterios restrictivos que, al menos en público, siempre ha defendido Agustín Hernández. Portavoces de la consellería aseguraron que la intención ahora es "denegar" las autorizaciones, aunque admitieron como alternativa más probable negociar con los titulares de aquellas licencias el pago de indemnizaciones para que renuncien a sus derechos.

Los motivos para el recelo de la oposición son más, ya que hace un año, en octubre de 2009, la consellería anuló un proyecto que metía definitivamente en el cajón las minicentrales. Se trata del Plan Sectorial Hidroeléctrico, elaborado por el bipartito, que consagraba la renuncia a las concesiones. A pesar de que el proyecto estaba en una avanzada fase de tramitación, Hernández apeló a una larga lista de supuestos defectos para justificar la decisión, y pospuso el proyecto a la finalización de los trámites del Plan Hidrológico Galicia-Costa. La entonces presidenta de Augas de Galicia, Ethel Vázquez, defendió la necesidad de "atender los derechos concesionales".

La renuncia a las 31 autorizaciones supondría un cambio radical en las previsiones del Plan Hidrológico, en el que la Consellería de Medio Ambiente desechó las sugerencias de la de Medio Rural, que en el período previo de aportaciones advirtió de las consecuencias ambientales. "Quizá sea uno de los mayores impactos sobre el ecosistema fluvial", advirtió respecto a los aprovechamientos fluviales.

A través de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza, Medio Rural también alertó de "alteraciones hidromorfológicas en ríos y lagos", y recordó el "importante" grado de alteración en algunos cauces principales, entre ellos los del Eume, Tambre, Ulla y Vergudo-Oitavén. La respuesta de Medio Ambiente fue sucinta: "Se incorporarán los esfuerzos y trabajos de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza en el establecimiento de caudales ecológicos y dispositivos de paso y protección de la fauna acuática"

El ejemplo eólico

"No me lo creo". La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Gallego, valora muy escuetamente la supuesta renuncia de la Xunta a las 31 minicentrales que aprobó Fraga. Lo explica porque desde que se inició la legislatura, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, viene manteniendo un "lenguaje ambiguo" al respecto, "con sucesivas promesas de una actitud restrictiva que contrastan con el constante impulso administrativo de los aprovechamientos".

Si en efecto la Consellería de Medio Ambiente quisiera renunciar a las minicentrales, la diputada socialista cree que existirían múltiples soluciones alternativas antes de pagar una indemnización por el rescate de las autorizaciones. Aunque reconoce que tras los permisos concedidos por el Gobierno de Fraga la situación "no es fácil", cita un ejemplo: el del concurso eólico.

"Si la Xunta pudo renunciar a un concurso como el eólico y convocar uno nuevo, mucho más fácil lo tendría para hacer renunciar a los beneficiarios de una concesión otorgada hace cinco años", expone. Carmen Gallego aboga también por exigir a los titulares de los derechos que cumplan con la evaluación ambiental estratégica, un requisito que, asegura, "ninguna minicentral superaría".

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