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Baltar emprende una ofensiva judicial contra alcaldes del PSdeG

El PP de Ourense considera prevaricación certificar un falso final de obra

"Que tenga cuidado con lo que dice, que lo empaqueto". El barón del PP ourensano, José Luis Baltar, amenazó de esta guisa hace unas semanas al líder del PSOE provincial, Raúl Fernández, cuando éste acudió, llamado por la fiscalía, a ratificar la denuncia de su partido contra la práctica del enchufismo en la Diputación. Los Baltar (el padre al frente de la institución provincial y el hijo en la presidencia del partido) afrontan un momento delicado. La división del PP ourensano pone la Diputación en la picota. Tras los episodios de captación de tránsfugas, han iniciado el camino de las denuncias judiciales contra los bipartitos locales. De momento, han recurrido a los juzgados media docena de gobiernos de PSOE y BNG en la provincia.

Los populares contradicen las tesis de Feijóo sobre el 'caso Hernández'

Socialistas y nacionalistas temen que no hayan hecho más que empezar. Las denuncias del PP incluso contradicen las tesis de su jefe, Alberto Núñez Feijóo, sobre las certificaciones falsas de final de obra. La dirección del PP las consideró una "práctica habitual en las administraciones" cuando el conselleiro Agustín Hernández fue imputado por ese motivo. Ahora, el PP de Amoeiro acusa de prevaricación al alcalde socialista por una de esas certificaciones

El regidor de Amoeiro, Rafael Rodríguez Villarino, se enfrenta a demandas judiciales del PP por prevaricación, en relación con tres obras: la supresión de barreras en la Casa da Cultura, la rehabilitación medioambiental de un área pública y la reforma de los vestuarios del campo de fútbol. Los cinco concejales que el PP tenía en este ayuntamiento hace unos meses sustentaban la denuncia en el hecho de que el socialista había certificado el fin de las obras sin que éstas hubieran finalizado. Villarino asegura tener pruebas de que las obras finalizaron antes. Al PSOE no le cabe duda de que la querella es una argucia política "para tumbar en los juzgados lo que no pueden ganar en las urnas". Los tres ediles del PP que acaban de abandonar el partido y se quedaron como no adscritos en la corporación local, la han retirado. Tras las querellas contra el regidor de Amoeiro está visible la mano de los Baltar. Es el barón provincial quien, en el texto de la demanda, certifica que los concejales que suscriben la denuncia son militantes del PP cuando esta acreditación correspondía al secretario municipal o, en su defecto, a la junta electoral de zona.

En Lobios, el también socialista José Lamela, se enfrenta a otra denuncia judicial presentada por del Ayuntamiento que los socialistas definen como "afines al PP". Lo han demandado a él a título personal -solo una de las reclamaciones asciende a 50.000 euros- por el impago de los servicios que prestaron antes de 2007, contratados por el alcalde del PP al que nunca reclamaron. El regidor socialista de Entrimo, Ramón Alonso, se encuentra en una situación similar, acuciado judicialmente por demandas de proveedores relativas a impagos de gobiernos del PP a quienes los acreedores tampoco reclamaron.

A denuncias semejantes se enfrenta otro alcalde del PSOE, Aquilino Valencia, de Calvos de Randín, a quien en 2008, el PP, apoyado en un tránsfuga, intentó presentar una moción que censura que impidieron los vecinos. En su caso, uno de los acreedores que le reclama judicialmente es el mismo tránsfuga -a través de su empresa constructora, Andrade, contratada por el PP- que aspiraba a ocupar su puesto. Le reclama 60.000 euros.

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Los socialistas señalan que el propósito de los Baltar es "ahogar económicamente" a los bipartitos antes de las municipales, al tiempo que poner en entredicho su capacidad de gestión. En Punxín, tras conseguir judicialmente la inhabilitación del regidor socialista que despidió a una trabajadora del PP -a la que readmitió tras la sentencia y pidió disculpas públicamente- los populares han presentado también otra demanda por prevaricación contra el ya ex alcalde.

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