La Xunta ha gastado ya más de 30 millones en sanear el Umia

Desde que se construyó el embalse del Umia, la Xunta no ha hecho más que gastar en su mantenimiento y en buscar soluciones para garantizar la potabilidad del agua frente a la cianobacteria Microcystis, altamente tóxica. Estudios y análisis científicos, dos de los cuales alertaban sobre los graves riesgos medioambientales pero fueron ocultados, han elevado el gasto a más de 30 millones de euros, lo que el Gobierno gallego (con el PP y con el bipartito) ha invertido en reparar la presa, sanear los márgenes del río, construir depuradoras y enviar camiones cisterna para reforzar el suministro cuando la turbidez del agua por la multiplicación incontrolada del alga genera situaciones de emergencia como la registrada este verano.

Pero esta retahíla de pagos no solo continúa, sino que parece inacabable. La Xunta prevé invertir 26,2 millones de euros más en las redes de abastecimiento de la comarca de O Salnés para seguir solventando los problemas de suministro de agua potable, con nuevos bombeos y depósitos. Se pretende que con la nueva infraestructura hidráulica se pueda atender sin riesgos a una población de 146.000 habitantes, porque la actual solo está dimensionada para 106.000.

Además, los socialistas acaban de exigir al Gobierno del PP una inversión de 6,7 millones de euros, con carácter extraordinario y urgente para sanear la cuenca del río y dotar al municipio de Caldas de un sistema alternativo de abastecimiento de agua potable, tras la grave crisis desatada en septiembre, cuando la toxicidad alcanzó sus niveles máximos.

Un saneamiento integral de toda la cuenca del Umia se hace necesaria porque hay un riesgo evidente para toda la población del Salnés y porque, además, lo exigen los expertos como única solución para combatir la toxina. Otras voces científicas y asociaciones proponen desmantelar la presa.

La solución de desmantelar la presa, avalada por un extenso elenco de expertos, sería, en la práctica, la más inviable, teniendo en cuenta los altos costes económicos para la empresa hidroeléctrica adjudicataria, que además paga un canon de unos 120.000 euros anuales a los Ayuntamientos de Caldas, Moaña y Cuntis.

"Si ya estaba claro que la obra es un absoluto fraude, la gravísima toxicidad del agua ratifica que el embalse no es una solución, sino un problema para el abastecimiento a la población", afirma Paloma Fernández, portavoz de la Coordinadora Antiembalse del Umia. Para ella y sus compañeros, el tiempo les ha dado la razón. "La Xunta ya sabía lo que podía pasar, pero hizo oídos sordos. Solo importaron los intereses energéticos", subraya.

Frente a tanto "despilfarro y despropósitos", Fernández recuerda que el Parlamento Europeo aún no se ha pronunciado sobre la queja que presentó la coordinadora en 1998 y que motivó un expediente de infracción de la normativa comunitaria ambiental que se amplió posteriormente al tratarse de un humedal protegido. Desde entonces, y como medida cautelar, han sido retenidos los fondos Feder para las obras del supuesto abastecimiento de agua a las poblaciones y que ha tenido que aportar la Xunta.

En julio de 1996, dos informes fueron excluidos de la "Declaración de efectos ambientales para la construcción del embalse en el río Umia", pese a haber sido solicitados. En ellos, las conclusiones de Jesús de la Fuente Villar, entonces ingeniero adscrito a la delegación de la Xunta en Pontevedra, fueron demoledoras respecto al estudio de efectos medioambientales, en los que ya se advertía, en el apartado sobre hidrología, la presencia de toxicidad en el agua y los problemas de "eutrofización del embalse".

"Las aguas de un embalse", decía, "son ricas en nutrientes, sobre todo nitratos y fosfatos (purines), que se van acumulando en el fondo, formando una capa de materia orgánica no depurada adecuadamente por falta de oxígeno". También indicaba que para combatir la "eutrofización" solo se daba la solución de usar alguicidas, lo que provocaría mortandad en las poblaciones de peces.

Pese a valorarse la zona en el anteproyecto como de "alto interés desde el punto de vista ecológico", no se era consecuente, decía De la Fuente, en la adopción de medidas para evitar que los efectos de la creación del embalse "sean altamente impactantes sobre los ecosistemas". Respecto al inventario faunístico, concluía que no se puede considerar como válido porque "no es un trabajo de campo serio", al igual que el florístico, del que decía que "demuestra falta de rigor al incluir especies que no existen y no mencionar otras que son comunes".