Gómez pide al Parlamento sentido de Estado para pactar las pensiones

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ensaya estos días un difícil equilibrio: convencer a los mercados de que la reforma de pensiones está en marcha y al mismo tiempo evitar que las prisas dinamiten las posibilidades de acuerdo parlamentario. Su comparecencia de ayer ante el Pacto de Toledo, que debate el futuro del sistema público, supuso un último intento de intentar aprobar esa reforma con respaldo parlamentario. "Es más importante que nunca que todos estemos a la altura de tan exigente situación y seamos capaces, con sentido de Estado, de buscar y obtener consensos básicos", pidió a los diputados.

A cambio, sacrificó uno de los elementos más esperados de esa intervención ante la comisión del Pacto de Toledo: la concreción de lo que el Gobierno persigue en pensiones, más allá de las ideas anunciadas hace ya casi un año. Gómez mantuvo la ambigüedad sobre si la pretensión de elevar la edad legal de jubilación a los 67 años se mantendrá. El ministro habló de retrasar "la edad ordinaria de jubilación", una expresión que alude a la edad real a la que los españoles se jubilan de media (ahora, 63,5 años).

El ministro aboga por reducir el "enorme coste" de las prejubilaciones

CiU y PNV ofrecen su apoyo para sacar adelante la reforma del sistema

Casi cinco horas de intervención lograron mover algo esa ambigüedad. Ante las dudas de los diputados, Gómez aclaró que el Gobierno "no está reculando [respecto a la meta de 67 años]; la mejor forma de prolongar la edad real de jubilación es afectar a la edad legal". Pero ofreció una clave de lo que puede ser un acuerdo -si no unánime, sí mayoritario- del Pacto de Toledo que recomiende, sin entrar en detalles, un retraso en la retirada efectiva del mercado laboral. Y que luego el Gobierno lo traduzca en un aumento en la edad legal. "El Pacto no tiene que definir una edad concreta", concretó ante los periodistas al final de su intervención, atentamente seguida por el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

Por encima de las medidas concretas, los plazos apremian. El ministro confía en que el Pacto de Toledo tenga listas sus recomendaciones este mismo mes. Y para lograrlo, empleó toda la artillería posible. "Nunca antes tantas miradas, dentro y fuera de nuestras fronteras, se habían dirigido al Pacto de Toledo. Les pido que aparquemos las diferencias y trabajemos juntos para lograr un acuerdo en las próximas semanas", subrayó como cierre de su discurso inicial.

La mano tendida la recogieron los grandes grupos nacionalistas. "Estoy dispuesto a dialogar con usted sobre eso porque es el futuro de la sociedad española, de nuestros hijos", ofreció Emilio Olabarría, del PNV. "Que el narcisismo de las pequeñas diferencias no nos impida ponernos de acuerdo ante los grandes retos de esta sociedad", añadió Carles Campuzano, de CiU. Este diputado apeló al Partido Popular -también a empresarios y sindicatos- para que se sumen. Pero el portavoz del PP, Tomás Burgos, rechazó tajantemente elevar la edad legal de retiro. "Prolongar coactivamente la vida laboral no tiene respaldo político y social suficiente", le espetó al ministro.

Con diferentes argumentos, también los grupos minoritarios de izquierda se opusieron a la medida, pero Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, celebró esa ambigüedad del ministro respecto a los 67 años como un "tímido paso" hacia el acuerdo.

Algo más claro fue el ministro sobre las otras dos grandes medidas que previsiblemente recogerá la reforma de pensiones. Gómez abogó por reducir las prejubilaciones "evitando el enorme coste que tiene para el sistema una utilización abusiva de las mismas". Y en cuanto al aumento de los años cotizados que se toman para calcular la pensión (ahora, los 15 últimos), el ministro defendió mayor una correspondencia entre lo que el pensionista aporta y lo que recibe.

El ministro se atuvo al calendario que prevé aprobar la reforma en el primer trimestre de 2011, una vez negociada con los agentes sociales -probablemente sin éxito-. "Tiene que ser un margen de todos. El Gobierno lo va a intentar", prometió.