Málaga pretende cambiar de destino a los policías que menos multen

El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, pretende cambiar de destino a los policías locales que menos multas pongan. La medida va a afectar al 10% de los 850 agentes de base que tiene su plantilla, y para decidir esos cambios se tendrán en cuenta otros parámetros, como el absentismo laboral o la actitud en el puesto de trabajo. El centenar aproximado de mandos no se ve afectado.

"Nos han puesto a competir en una especie de liga de las multas con un claro afán recaudatorio", denuncia el sindicato policial SIP-AN. "Desde que se sabe, salen a la calle que se comen el mundo y no pierden de vista lo que hace el compañero", asegura Manuel Troyano, su secretario general.

Málaga es la ciudad andaluza que más prevé recaudar este año por sanciones: 16,96 millones, frente a los 13,42 millones de 2009, un 26,4% más. Otros ingresos, como los de urbanismo, han bajado de 39,5 millones en 2009, a 16 millones este año.

El sindicato SIP-AN ve en la medida "un claro afán recaudatorio"

El Consistorio malagueño justifica estos cambios en la necesidad de repartir el trabajo y mejorar la productividad. "No se busca ingresar más dinero y no hay ningún castigo", asevera Florentino Villabona, coordinador de Seguridad. La movilidad es necesaria, según Villabona, para que la plantilla conozca bien toda la ciudad o para que los agentes que trabajan en las jefaturas más pequeñas no terminen haciendo más turnos de noche que los de dependencias más grandes, ya que se trata de un servicio rotatorio.

El coordinador explica que el rendimiento de los agentes no sólo se evaluará con el número de multas, sino que se manejan "26 parámetros", entre los que hay actuaciones como informes sobre vehículos abandonados o auxilio a personas, por los que el Ayuntamiento malagueño no ingresa dinero. "El 80% del trabajo de un policía está relacionado con la normativa de tráfico", rebate Javier Puertas, del sindicato SIP-AN. En esta formación también destacan que obtendrán la misma puntuación por poner una multa, algo que lleva "30 segundos", que por detener a un atracador, un trabajo que "puede ocupar ocho o diez horas".

El Ayuntamiento defiende que solo se pide que la gente sea "cumplidora". "No es un examen constante; es que hay que hacer esos cambios y se ha decidido hacerlos con criterios objetivos, acordados por la junta de mandos, y sin favoritismos", sostiene Villabona.

Las evaluaciones serán "cada año o año y medio", según el coordinador de Seguridad, y para decidir a quiénes trasladan se examinarán parámetros como la antigüedad del agente en el puesto, su actitud con los compañeros o el absentismo laboral. "No se vulnera el reglamento, ni la provisión de puestos de trabajo, ni se le quita el trabajo a nadie, ya que siguen trabajando dentro del término municipal", defiende Villabona, ex comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía.

Hace una semana que algunos jefes de unidad informaron verbalmente a los agentes de esta nueva iniciativa. De momento, no hay ninguna orden del cuerpo y el Ayuntamiento malagueño ha convocado a todos los sindicatos el 10 de diciembre para explicarles los cambios. "Hasta el momento no hay nada concreto, cuando tengamos los detalles nos pronunciaremos", anunció ayer Francisco Corpas, del sindicato UPLB-A. Este sindicato convocó el pasado junio una huelga de bolis caídos contra el recorte de sueldos de los funcionarios.

El sindicato SIP-AN aseguró que el Ayuntamiento pretende instaurar la medida el próximo 17 de diciembre, un día después de las elecciones sindicales. La organización tiene previsto impugnar la iniciativa y llevarla a los tribunales en cuanto se formalice. También convocarán una protesta en la puerta de la jefatura.