¡Deme trabajo ya!

El tiempo apremia. Hay que poner coto al desempleo en España y por ello el encargo más urgente que ha hecho el presidente del Gobierno al nuevo equipo del Ministerio de Trabajo es que reforme las políticas activas de empleo. "Hay cuatro millones y medio de razones para pensar cómo tienen que cambiar. Cómo se debe destinar más dinero a que los desempleados encuentren un puesto de trabajo", afirma María Luz Rodríguez, secretaria de Estado de Empleo, quien ha anunciado que la próxima semana presentará su propuesta a los agentes sociales.

El presupuesto no acompaña, de ahí que los sindicatos se muestren reticentes ante la efectividad de la vuelta de calcetín que el Ejecutivo se propone dar a estos programas sin más dinero. Pero el equipo de Valeriano Gómez confía en ser capaz de repartir mejor los más de 7.300 millones de euros que, hasta ahora, se destinan casi a partes iguales a formación, bonificación de contratos y programas de empleo.

La idea es repartir mejor la inversión. Dar más formación y menos bonificación

El plan tiene que estar listo en enero. Y no va a ser tarea fácil porque, en principio, ha de contar con el acuerdo de los agentes sociales y las comunidades autónomas, que tienen transferidas las políticas activas de empleo.

"Tenemos que reorientar los programas para que los parados encuentren trabajo antes. Proporcionarles preparación, cualificación, que, en términos de inversión, resulta menos costoso que las políticas públicas de contratación de personas en desempleo", dice Rodríguez. Y pone como ejemplo de eficacia los programas experimentales de empleo en detrimento de las escuelas taller, más caras. Su idea son menos bonificaciones, menos subvenciones a la contratación y más orientación y formación.

La reforma laboral se va a encargar de minorar la partida que hasta ahora se destina a las bonificaciones a la contratación, al dejar de ser universales y centrarse en jóvenes, mayores de 45 años y desempleados de larga duración. Rodríguez no cuantifica el ahorro. Podría estar en torno al 25%, según Raúl Grijalba, director general de Manpower, una de las dos empresas de trabajo temporal que ha firmado un acuerdo de colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal.

Hay unanimidad respecto a que las bonificaciones son muy caras y poco eficaces. Y también lo hay en la desconexión que existe entre los recursos que se destinan a la formación de los desempleados y las necesidades de las empresas. "Un defecto de nuestros servicios públicos de empleo es que desconocen la demanda real de trabajadores que tienen las empresas. Deberían salir a la calle, desarrollar políticas proactivas para conocer los requerimientos de las compañías para cualificar a las personas conforme a esas necesidades; preverlas", afirma Salvador del Rey, catedrático de Derecho del Trabajo y presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos.

Algo de lo que la consejera de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna, presume: "Tenemos 30 personas visitando a empresas para saber cuáles son sus requerimientos. Esto no lo ha hecho ninguna comunidad". [Sí lo pretende Andalucía mediante un equipo de prospección que ha creado, según el consejero de Empleo, Manuel Recio].

A juicio de Serna, como al del viceconsejero de Trabajo del Gobierno del País Vasco, Javier Ruiz, el nudo gordiano de las políticas activas de empleo es ligarlas con las pasivas, es decir, con las prestaciones que reciben los desempleados, de manera que se diferencie entre los parados que luchan por encontrar empleo y por formarse para ello y los que no. El Gobierno mantiene que ya se penaliza a quien no acepta los trabajos o cursos a que son convocados quienes perciben el subsidio del paro, pero, a la hora de la verdad, el año pasado solo fueron 1.500 personas los que dejaron de recibir la prestación por ese motivo.

El propio José Luis Rodríguez Zapatero declaró la semana pasada en el Congreso que esta vinculación es uno de los objetivos de la reforma de las políticas activas. Ya lo ha decidido así el primer ministro de Reino Unido, que pretende acabar con la cultura del subsidio y ha fijado plazos para aquellos desempleados que perciban ayudas sociales y rechacen puestos de trabajo: la primera negativa les costará tres meses de prestaciones; la segunda, seis, y la tercera será definitiva. Para el presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), Francisco Aranda, los servicios de empleo británicos son en los que España debería fijarse para mejorar los propios porque son los más efectivos.

Sin embargo, María Luz Rodríguez asegura que no se va a ahorrar en prestaciones, que el presupuesto se va a destinar a preparar a los parados, a generarles oportunidades de empleo.

No lo ve tan claro Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo del PP: "Creo que se van a elevar los requerimientos del desempleo. Es lo que se lee entre líneas. No soy partidario de recortar las prestaciones; sería muy traumático para los españoles, pero el sistema de desempleo ya es deficitario y los recursos del Fondo Social Europeo bajan paulatinamente". Precisamente la Comisión Europea ha instado a España, el país con el peor mercado laboral de la UE, a que acelere las reformas del mercado de trabajo y a que no extienda la ayuda a los parados que agoten sus prestaciones.