Cajasur ignoró de forma sistemática las órdenes del supervisor desde 2005

Todo nace de la inspección realizada por el Banco de España a la antigua Cajasur en septiembre de 2004. Ahí se detecta la ristra de irregulares y, desde ese momento, el supervisor realiza un marcaje sobre la entidad. En el pliego de cargos enviado a los miembros, ex miembros del Consejo de Administración y directivos de Cajasur se resuelve que la entidad no solucionó aquellos problemas. El Banco de España los engloba en cuatro grandes grupos:

- Deficiencias detectadas en materia de control interno. En este punto es en el que más se extienden las dos instructoras que firman el pliego. Detectan deficiencias "en la estructura organizativa de Cajasur y en sus mecanismos de control interno en relación con la actuación inversora emprendida por la propia caja y sus empresas participadas". El problema con el grupo de empresas es sangrante, donde "las deficiencias en las medidas organizativas, de transparencia y de control interno resultan especialmente significativas". La consecuencia era que la caja no controlaba la actividad de estas sociedades, muchas de ellas dedicadas al ladrillo, lo que impidió adoptar "medidas de mitigación del riesgo".

Las instructoras también apuntan a que la "excesiva concentración de la inversión crediticia" en la promoción inmobiliaria y compraventa de suelo han sido "decisivas para que el impacto del entorno económico haya tenido un efecto mayor y más rápido en la entidad". Además, el importante crecimiento del crédito no fue acompañado en la caja con procesos de más "análisis, asunción y seguimiento de riesgos". Para el Banco de España estas prácticas suponen una "infracción muy grave".

- Mantenimiento de recursos propios computables por debajo del mínimo exigible. En el pliego se señala que, "al menos durante seis meses los recursos propios de la caja a nivel consolidado han estado por debajo del mínimo exigido". La propia caja había situado este mínimo en los 968 millones de euros pero, en diciembre de 2009, "sus recursos propios ascendían a 444 millones", 523 menos de lo que debía, y el coeficiente de solvencia era del 3,67% (y debería estar por encima del 8%). Esta situación se mantuvo hasta mayo de 2010, cuando la caja fue intervenida. Estos incumplimientos supondrían "una infracción muy grave".

- Exceso a los límites de grandes riesgos. Cajasur "incumplía" los límites de concentración con algunos grupos. Por ejemplo, con Sánchez Ramade (actualmente en concurso de acreedores) los riesgos ascendían a 165 millones, "lo que supone un 37,23% de los recursos propios del grupo y supera el límite del 25% establecido". Con Prasa estos riesgos ascienden a 116 millones, "lo que representa el 26,22% de los recursos propios del grupo". Respecto al grupo de empresas de Cajasur, los riesgos asumidos suponen 194 millones, el 43,85% de los recursos propios, cuando la normativa fija en este caso un límite del 20%. Para el supervisor estos incumplimientos son una "infracción grave".

- Incumplimiento de las políticas específicas exigidas por el Banco de España. Las infracciones antes relatadas condujeron a "una situación de tal gravedad y magnitud que exigía la adopción de medidas igualmente extraordinarias que hicieran posible eludir los acuciantes riesgos para la viabilidad de la entidad". Y la solución, como aprobó el Banco de España, era el plan de actuación diseñado por Cajasur y Unicaja, que suponía la fusión de las dos entidades.

Esta unión daría como resultado "la creación de una nueva entidad de elevado volumen de negocio", que permitiría "dar cumplimiento a las exigencias del Banco de España y contemplaba saneamientos adicionales, la racionalización de las estructuras de gestión y de los medios para ganar eficiencia, la reducción de plantillas y oficinas, el redimensionamiento de red y la implantación de cambios estructurales y de procedimientos de actuación". Pero, el 21 de mayo de 2010, el Consejo de Administración de Cajasur decidió rechazar esta fusión. Para las instructoras supone "una infracción muy grave".