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Aguayo lleva al fiscal un libelo sobre la reforma del sector público

Lourdes Lucio

El decreto de reordenación del sector público andaluz está recurrido por diversos sindicatos en los tribunales e incluso en el Constitucional por el PP. Pero al margen de lo que estos dictaminen, la crispación que se ha generado entre los empleados de la Junta está provocando situaciones de convivencia laboral complicadas. La consejera de Hacienda y Administración Pública, que dirige Carmen Martínez Aguayo, ha puesto en conocimiento de la fiscalía un "libelo" difamatorio contra las personas que han participado en la redacción del polémico decreto.

Aguayo dio a conocer esta iniciativa durante la sesión de control en el Parlamento a una pregunta del PP sobre el cese del secretario general de Administración Pública José Antonio Ortiz Mallol, coautor de la normativa. El citado documento titulado La bomba circula por Internet y utiliza datos administrativos y personales de los redactores de la normativa. También el escolta de la consejera ha presentado una denuncia por lesiones durante los incidentes ocurridos en Torretriana el día 18, cuando CC OO, UGT y la Junta acordaron modificar el decreto.

Quejas de diputados

La normativa está generando muchos dolores de cabeza al Gobierno socialista. Allí donde van el presidente y los consejeros hay grupos de funcionarios protestando e intentando reventar los actos en los que participan. En el PSOE hay preocupación por este clima de crispación como se comprobó en la reunión celebrada por el grupo socialista el miércoles.

Alrededor de media docena de diputados -entre ellos Manuel Gracia, José Caballos, José Blanco y Raquel Arenal- tomaron la palabra para mostrar su queja por la manera en la que se había llevado este asunto, con la conclusión de que se podía haber hecho de otra forma, según afirmaron varias fuentes. No hubo críticas a la consejera ni tampoco sobre el contenido del decreto, aunque sí reproches porque no se había explicado bien.

El hecho de que el Gobierno haya decidido tramitar como proyecto de ley el decreto ha sido acogido con mucho alivio por los socialistas, entre otras cosas porque les va a permitir despegarle la etiqueta de decretazo. En el Parlamento se va a abrir de nuevo la ronda de negociaciones.

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