Un fallo faculta a los bomberos de Vigo a desatender puerto y provincia

El litigio es más antiguo que el desprecio mutuo que se profesan Abel Caballero y Corina Porro, pero una sentencia acaba de poner la pelota del lado portuario de la ciudad. Según el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo, los bomberos municipales no deben efectuar servicios en el territorio portuario salvo que la gravedad de la situación lo exija. El fallo determina la obligatoriedad de firmar un convenio entre el Ayuntamiento y el Puerto para que el servicio contraincendios de Vigo pueda cubrir el recinto de competencia portuaria.

La sentencia afecta no solo a la Autoridad Portuaria, que preside la futura candidata del PP a la alcaldía, Corina Porro, sino también a los numerosos ayuntamientos limítrofes que con frecuencia solicitan los servicios de los bomberos vigueses en situaciones de emergencia. También en estos casos, la colaboración debe estar respaldada por convenios previamente suscritos. Pero ocurre que, salvo Cangas y Porriño, que cuentan con dos pequeños parques comarcales, el resto del sur de la provincia de Pontevedra carece de servicios contra el fuego, lo que convierte a los bomberos de Vigo en responsables de un amplio territorio de riesgo.

Porro sostiene que el recinto portuario no le compete por ser término municipal

Sólo Porriño y Cangas cuentan con parques comarcales en la zona

"Seguiremos actuando cuando se nos llame, pero no nos vamos a quedar quietos", advierte el concejal de Seguridad, Xulio Calviño. El alcalde, el socialista Abel Caballero, ha reiterado en multitud de ocasiones la necesidad de firmar un convenio con la Autoridad Portuaria para establecer un marco estable de actuaciones en las zonas de competencia de Corina Porro, incluida la instalación de un nuevo parque de bomberos que sustituya al obsoleto centro de operaciones de Balaídos. Pero la resistencia de la Autoridad Portuaria lo ha impedido, lo que ha degradado un poco más las pésimas relaciones entre el Puerto y el Ayuntamiento.

Fuentes portuarias comentaron ayer que la sentencia afecta en realidad a las relaciones entre el Gobierno municipal de Vigo y sus trabajadores, ya que es fruto de un recurso presentado por UGT contra la obligatoriedad de atender las órdenes de prestar servicios fuera del término municipal, incluido el Puerto. El departamento de Porro puntualizó, no obstante, que "no hay ningún problema" en firmar el demandado convenio.

Pero el acuerdo se retrasa, a pesar de que Corina Porro negoció cuando fue alcaldesa de la ciudad un convenio con el entonces presidente portuario, Julio Pedrosa, por el que este cedía los demandados terrenos para el nuevo parque de bomberos, que se iba a ubicar en Bouzas. El concierto debe contemplar condiciones complementarias, como la formación específica de los bomberos y el coste de los servicios en zona portuaria. El acuerdo ha pasado al olvido, a pesar de que el Plan de Emergencia Interior del Puerto obliga a los responsables de esa entidad a contar con un servicio de extinción de incendios.

La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo recuerda que la ley que regula la prestación de servicios en los puertos de interés general, como es el de Vigo, obliga a estos a contar con un plan de emergencia interior "con servicios de extinción de incendios". La Autoridad Portuaria no los tiene. Pero el fallo también analiza el caso de los ayuntamientos limítrofes, para recordar que la Ley de Bases de Régimen Local conmina a contar con idénticos servicios a los municipios de más de 20.000 habitantes. En el entorno de Vigo, solo Cangas y Porriño lo tienen. Este último, de muy escasas dimensiones, con sólo tres trabajadores por turno, lo que obliga a los bomberos de Vigo a salir constantemente a realizar intervenciones en el exterior. En los menores de 5.000 habitantes, deben ser la Xunta y la Diputación Provincial las que garanticen el servicio.

El juez tacha de "precaria" la situación "fáctica" de los bomberos de Vigo. Sus actuaciones "se han venido desarrollando más allá de su ámbito natural de competencias, sin siquiera suscribir un convenio con las Administraciones beneficiarias de ese trabajo". De la legislación que afecta a la Autoridad Portuaria, añade, "se deduce nítidamente" que a esta "le corresponde la competencia para determinar las condiciones del régimen interior", mientras que en la exterior se exige "una coordinación entre los medios personales y materiales de las Administraciones afectadas".