Anticorrupción acusa a Rivero de utilizar información privilegiada

Sabía que la cotización de las acciones de su compañía iba a subir y decidió aprovechar esa información en beneficio propio. Según una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el ex presidente de Metrovacesa Joaquín Rivero obtuvo una ganancia de 2,8 millones de euros en enero de 2006 tras adquirir, a través de sociedades interpuestas, 617.500 acciones de autocartera de la inmobiliaria que dirigía. Lo hizo antes de que se comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una operación anterior para adquirir otro paquete de acciones de la compañía a un precio superior al de Bolsa que, necesariamente, provocaría que su cotización se disparara. La Fiscalía cree que, con esas compraventas, Rivero cometió un delito de abuso de información privilegiada que puede suponer una pena de hasta cuatro años de cárcel.

Compró títulos de la compañía sabiendo que iban a subir

El delito puede suponer una pena de hasta cuatro años de cárcel

Rivero pactó con Luis Portillo (Colonial) la compra del paquete de 1.750.000 acciones de Metrovacesa perteneciente a este último el 22 de diciembre de 2005. El precio de cada una de ellas, según el pacto, sería 57,5 euros, unos seis euros más que el de cotización, estabilizado en ese periodo en torno a los 51,5 euros. El contrato se formalizó dos días después, el 24 de diciembre, con el compromiso de hacerlo público y comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CVMV) seis días después, el 30 de diciembre.

Pero entre esos dos momentos, el presidente de la compañía "decidió aprovechar en su propio beneficio esta información" -la del precio pactado-, "a sabiendas de que, una vez hecha pública, elevaría la cotización de las acciones de la compañía", explica el fiscal Anticorrupción.

Así, el 29 de diciembre, víspera de comunicar el hecho relevante a la CNMV, Rivero cerró cuatro operaciones por las que Metrovacesa vendió 617.500 acciones de su autocartera que, tras pasar por varias entidades financieras, fueron a parar a las compañías Quimafa y Eusko Levantear, ambas de su propiedad. El precio de la acción era de los aproximadamente 51,5 euros que dictaba el mercado.

El 30 de diciembre, como estaba previsto, se comunicó la compra del paquete de Portillo a la CNMV. Gracias a ese hecho, las acciones de Metrovacesa subieron un 9,36% en la primera sesión en la que volvieron a cotizar, es decir, el 2 de enero.

Menos de un mes después, cuando culminó la venta a Rivero de las acciones de autocartera de la compañía, los beneficios para las dos sociedades de este eran espectaculares. Eusko Levantear obtuvo 2.406.900 euros mientras que Quimafa sumó 395.000.

El beneficio total, de 2.801.900 euros, se obtuvo, según el fiscal, "al utilizar la información privilegiada consistente en la compra de acciones de Luis Portillo para preparar, como responsable último de la autocartera de Metrovacesa, una serie de operaciones encadenadas y pactos con intermediarios". Esos pactos desembocaron en la compra por Quimafa y Eusko Levantear de acciones de Metrovacesa "a precios comprometidos antes de la difusión del hecho relevante", es decir, la compra de las acciones de Portillo a un precio superior al de mercado.

La querella de Anticorrupción contra Rivero, redactada por el fiscal Alejandro Luzón, se suma a la demanda por mala gestión presentada por el equipo que se hizo con las riendas de Metrovacesa en 2009, encabezado por Vitalino Nafría. Este acusa a Rivero de idear dos operaciones por las que la compañía perdió 40 millones de euros.