Solo el 13% de los desempleados recibe cursos de formación

Un desempleado sueco tiene la posibilidad de sustituir temporalmente a un trabajador que aprovecha el relevo para formarse. Uno alemán tiene oportunidades similares, con la ventaja de que los servicios públicos de empleo se hacen cargo de su salario. Lejos de esos modelos, el parado español suele enfrentarse a dos situaciones perversas: que no obtenga plaza en los programas de formación que le interesen o que nunca sea requerido por la autoridad laboral para que acepte un curso.

Las deficiencias de formación, especialmente para parados, se han acentuado con la crisis. Solo un 13% de los desempleados asegura participar en algún tipo de acción formativa, según la última encuesta de población activa. Se trata, junto con el dato registrado a mediados del año pasado, de la peor cifra desde 2005. Con el sistema actual, solo una rebaja en el número de parados -ahora, casi 4,6 millones- permitiría mitigarla.

Los programas educativos relegan a los colectivos que más los necesitan

Se gastan muchos más recursos en subvenciones que en reciclamiento

La ineficacia del modelo formativo impulsa al Gobierno a intentar revertir esos datos. Un enunciado tan olvidado y carente de atractivo como las políticas activas de empleo se ha convertido en el principal reto laboral de los próximos dos meses. "Hay que tener técnicos de empleo, no gestores de subvenciones", sentencia la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez.

Esa metamorfosis no parece sencilla. España destina una buena cantidad de recursos (7.300 millones de euros al año) a formar a la población activa y a subvencionar el empleo. De esa cantidad, apenas 1.000 millones van a parar a la formación para parados. "Es necesario aumentar el número de desempleados que reciben formación. El sistema está descompensado, pues se dirige más a los ocupados que a los parados", señala Javier Vallés, director de la Oficina Económica de La Moncloa. El Gobierno presentará sus medidas a finales de enero, aunque no cabe esperar una mejora de los recursos, pues para 2011 esas políticas caen un 5,5%. A falta de más dinero, la idea fuerza consiste en reorientar la dotación hacia los parados.

"Gastamos mucho más en bonificaciones y ayudas a la contratación que en formación. ¿Y eso es más eficaz? Las bonificaciones no sirven para gran cosa. El resto, no lo sabemos. Mientras no se hagan evaluaciones serias, no podemos saberlo", resume Florentino Felgueroso, investigador de Fedea. Este experto destaca el contrasentido que supone que las comunidades con mayor paro tengan menos beneficiarios de formación que otras donde el desempleo es más residual.

No es el único contrasentido. Los destinatarios de la formación para el empleo suelen tener edad media y un aceptable nivel educativo. Quedan relegados los colectivos más necesitados de formación: los menores de 25, los mayores de 50 y los que no completaron sus estudios. Así lo señalan tanto un estudio de la Fundación Ideas -del ex ministro de Trabajo Jesús Caldera- publicado la semana pasada como otro de la Fundación Élogos, coordinado hace unos meses por el entonces investigador y ahora ministro Valeriano Gómez.

A la falta de beneficiarios se suma la dudosa adecuación entre la formación impartida y las necesidades del mercado laboral. Una jugosa parte de los recursos se dedican a cursos relacionados con la construcción en un país que aún digiere los excesos de los últimos años. Y otra buena parte, a desarrollar herramientas rudimentarias de informática, además de conocimientos de gestión y administración. "Queremos hacer un mapa de las necesidades de formación en función de los sectores que salgan adelante. Y tenemos que acercarnos más a las empresas", admite la secretaria de Estado de Empleo.

Sorprende la unanimidad que suscita esta deficiencia laboral en un país donde las recetas sobre el mercado de trabajo desatan enfrentamientos. Apenas dos meses después de la huelga general, los sindicatos, tan alejados del Gobierno en otras cuestiones, suscriben casi punto por punto el diagnóstico del Ministerio de Trabajo. Otra cosa es que confíen en el margen de maniobra. "No vemos que baste con una mera redistribución de fondos. Hay que ofrecer los niveles de competencia profesional requerida", expone Fernando Puig-Samper, responsable de Formación de Comisiones Obreras. Teresa Muñoz, de UGT, aboga por atender a los desempleados de sectores que, "una vez superada la crisis, es previsible que no recuperen su nivel previo de empleo". "O hay itinerarios personalizados o todo queda en agua de borrajas", zanja Puig-Samper.

Esos itinerarios son uno de los principales objetivos de esta reforma. Mari Luz Rodríguez esgrime una poderosa razón económica: la formación se revela como una importante vía de inserción laboral, pero la creación de programas personalizados por parte de los orientadores de empleo obtiene resultados similares y resulta mucho más barata.