Errores
Está bien eso de reconocer errores propios. No es habitual, pero el gesto de la Consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, admitiendo que "nos hemos equivocado en algo" con el decreto de reordenación del sector público andaluz la dignifica, aunque eso no evite la crítica. No se olvide que el asunto ya le ha costado al puesto al Secretario General de Administración Pública, José Antonio Ortiz Mallol, diseñador de una reforma que se ha convertido en toda una pesadilla. Por mucho que quisieran maquillar su cese, era evidente el malestar de Griñan por cómo se habían hecho las cosas. Cuando menos hubo un fallo inicial a la hora de subestimar la respuesta que pudieran tener el funcionariado y demás personal de la Junta. Tal vez no se sopesó debidamente el alcance político que adquirirían los profundos cambios que se acometían, por lo que las responsabilidades deben ir más allá del alto funcionariado destituido. Alguien tuvo que evaluar con más tino y con la adecuada antelación el laberinto en el que se metían.
Lo cierto es que estamos ante una medida ya en marcha que no tiene vuelta atrás. Máxime después de las modificaciones introducidas por UGT y CC OO. Es el momento en el que han de asumir un mayor protagonismo en la defensa de una iniciativa que, con sus propuestas, ya han tenido que hacer suya. Así que, esta semana, puede que asistamos a un punto de inflexión en el devenir de este conflicto si es que, finalmente, estos sindicatos se echan a cuestas la misión de explicar en los distintos centros de trabajo las características de esta reforma, que tanto ha asustado a los empleados públicos. Tendrán que batirse en cada despacho u oficina en un cuerpo a cuerpo con unos contrincantes sindicales que perdieron los papeles al levantarse de la mesa de negociación. Se trata de un insólito gesto en una organización sindical que le resta credibilidad y que habla a las claras de su escasa voluntad negociadora, dando pábulo así a los que piensan que están siendo instrumentalizados políticamente. Y si, para colmo, se dedican a acosar, no ya al presidente y resto de integrantes del Ejecutivo, sino también a los periodistas, llegaremos a la conclusión que defienden otros intereses más allá de los que corresponde estrictamente al colectivo al que representan.
Claro que, para perplejidad, ahí está IU, a la que las aportaciones de UGT y CC OO no les sirven y plantea una enmienda a la totalidad del polémico decreto. ¿Estarán con aquellos que piensan que, de esta forma, se enchufa en la Administración pública a unos 25.000 empleados?
