Un juez ordena parar parte de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria por su impacto

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón a la asociación ecologista Centaurea y paralizado parte de las obras de la polémica Ciudad del Medio Ambiente de Soria. El auto establece medidas de protección para algunas zonas arbóreas, con la prohibición cautelar de talas; protege también algunos acuíferos, cauces y humedales para que no sean desecados; y suspende de forma inmediata las obras de construcción de colectores "en su discurrir sobre suelo no urbanizable".

El proyecto, aprobado en 2007, prevé la construcción de 800 viviendas, un parque empresarial, un par de torres de oficinas y un centro hípico en el Soto de Garray, cercano a Soria, un enclave de alto valor ecológico. El terreno ocupa 562 hectáreas junto al Duero. Y las obras seguirán, porque la Junta tiene intención de recurrir esta sentencia y seguir avanzando en el resto del proyecto, donde los jueces no han intervenido. La consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, dijo ayer que las obras continuarán "sin problemas" porque el proyecto es de "especial importancia" para Soria y para la comunidad.

En ese enclave, protegido, hay tejones, nutrias, garduñas y gatos monteses. Y anidan garcillas, águilas pescadoras, águilas perdiceras, milanos reales, milanos negros. Es, según la Sociedad Española de Ornitología, el lugar de Soria donde se pueden observar más cantidad y variedad de pájaros. Quizá por todo ello el proyecto urbanístico recibió de la Junta el nombre de Ciudad del Medio Ambiente y está previsto que en ella vivan hasta 3.000 personas.

En marzo de 2007, la mayoría absoluta del PP aprobó este proyecto en un pleno muy tenso, el último de la legislatura. La vicepresidenta dijo aquel día que este plan era un ejemplo de cómo "el medio ambiente es compatible con el desarrollo de las actividades humanas", mientras la oposición hablaba de "decretazo", "pelotazo verde" y "tropelía".

Esta urbanización se aprobó mediante una ley, de esa forma la Junta se protegía de un posible parón judicial similar a otros que ya había sufrido, por ejemplo en Navas del Marqués (Ávila).