Por la sanidad pública

El próximo domingo día 21, tendrá lugar en Santiago una importante manifestación convocada por SOS Sanidade Pública, con la adhesión de numerosas entidades sociales y cívicas del país, con el fin de defender y preservar nuestro sistema público de salud. La iniciativa parece plenamente justificada si se considera la indeseable deriva que, como consecuencia de la política de la Xunta, está tomando el sistema sanitario público que, no se olvide, constituye uno de los principales instrumentos de cohesión social, emplea a más de 42.000 trabajadores y representa aproximadamente un tercio del presupuesto público de Galicia.

Pues bien, contrariamente a lo prometido en su día por Núñez Feijóo, la Xunta de Galicia, en sus presupuestos de 2010 y 2011, ha recortado el gasto sanitario en 220 millones de euros, situando el gasto sanitario por habitante en 1.268 euros, es decir, el gasto sanitario público por habitante más bajo de la UE (15º puesto), con la excepción de Grecia. La situación empeora si tenemos en cuenta que el gasto sanitario se ha venido distanciando del promedio europeo desde 1993, que el número de ancianos en Galicia es mayor que los promedios español y europeo y que este grupo consume muchos más recursos que el resto de la población. Las citadas restricciones presupuestarias, unidas a otras discutibles decisiones de los actuales gestores sanitarios, han llevado al Consello Económico e Social (CES) a poner en alerta al Gobierno y a la opinión pública tanto sobre el previsible aumento de las ya insoportables listas de espera como sobre el deterioro de nuestro sistema sanitario público. Alerta que no debería caer en saco roto. Felizmente, la sociedad civil ha tomado conciencia del problema y no parece estar dispuesta a permitir que se deteriore una de sus conquistas sociales más significativas.

La escasa prioridad de la atención primaria explica la enorme carga asistencial de los hospitales

Pero si además del gasto analizamos las prioridades del mismo, es decir, los recursos que se destinan a cada nivel de atención, la preocupación no desaparecerá. La Xunta, además de gastar poco en sanidad, lo gasta mal. En efecto, la escasez de recursos en atención primaria -14% frente al 58% en especializada- conlleva una excesiva masificación de esos centros, con un promedio de tiempo de visita de los más bajos de Europa. La escasa prioridad de la atención primaria y de la dimensión sociosanitaraia del sistema explica también en gran medida la enorme carga asistencial de los hospitales, incluido el colapso de sus servicios de urgencias, donde un alto porcentaje de los casos podrían ser correctamente resueltos en las centros de atención primaria, si éstos estuviesen convenientemente dotados.

Completa el panorama la ridícula partida presupuestaria que se dedica a salud pública -la especialidad de la conselleira Farjas- y el excesivo gasto farmacéutico, que sitúa a Galicia entre los países que tienen un porcentaje mayor de gasto sanitario en farmacia. Añadan ustedes a todo lo dicho el proceso de creciente externalización de recursos y de provisión de servicios sanitarios impulsado por el entusiasmo privatizador de la actual conselleira de Sanidade y tendrán una idea muy aproximada de los problemas que afligen a nuestra sanidad pública. Sin olvidar, desde luego, la decisión tomada por la Xunta de recurrir a la colaboración público-privada para la construcción de los nuevos hospitales de Vigo y Pontevedra, así como de numerosos centros de salud. Es decir, en la autorizada opinión del profesor Álvarez Corbacho, la penetración de la empresa privada en el espacio público para financiar, construir, conservar y gestionar infraestructuras, equipamientos y servicios públicos ¡Alerta roja!

Finalmente, cuando se habla de la sanidad pública, no se puede dejar de mencionar el sistemático incumplimiento de la ley de incompatibilidades. A ello se debe, entre otras graves disfunciones, el aumento artificial de las listas de espera, lo que obliga a los ciudadanos a buscar solución en la sanidad privada en la que casualmente profesionales del sector público trabajan ilegalmente. Teniendo en cuenta la gravedad y dimensión del problema, es imperativo que la Xunta aclare cuanto antes qué piensa hacer para resolverlo. Porque lo único que no pueden permitirse Feijóo y Farjas es mirar para otro lado cuando una ley de tal trascendencia social se incumple masiva y sistemáticamente. Lo dicho, el domingo nos vemos en Santiago.