Presión sobre las empresas

La tormenta financiera reactivada desde el miércoles pasado castiga con especial virulencia a Irlanda (las dificultades graves de su sistema bancario son el detonante del nuevo episodio de crisis), Grecia y Portugal. Pero sería una insensatez descartar que España pueda encontrarse en una situación parecida; y la insensatez no es un lujo que pueda permitirse ya el Gobierno español. De hecho, los repuntes de inquietud en los mercados de deuda acrecientan las probabilidades de que en 2011 sea necesario un nuevo ajuste fiscal, más drástico que el aprobado este año; y conforme pasa el tiempo se agota el plazo para concretar la recapitalización del sistema financiero (con capital fresco), la reforma del sistema de pensiones para que surta efecto a medio y largo plazo y corregir de una vez otros desperfectos en el sistema financiero público, como el gasto farmacéutico, por ejemplo. El elevado endeudamiento público y privado tiene que ser corregido con más ahorro y con un crecimiento intensivo de la productividad. Que no es trabajar más por menos dinero, como supone toscamente el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

Las consecuencias de las convulsiones financieras se extienden rápidamente hacia las grandes empresas españolas. Sociedades como Repsol, Telefónica o Gas Natural (por no mencionar los grandes bancos, con problemas propios) tropiezan con un encarecimiento genérico de los costes de financiación asociados al empeoramiento de las calificaciones del Reino de España. Los observadores financieros detectan que existe una correlación entre la pérdida de calidad financiera pública y el encarecimiento de la financiación privada. Existe, pero casi nunca es automática; pasa algún tiempo desde el downgrade estatal y el encarecimiento de los préstamos empresariales. Hasta aquí, todo responde más o menos a la lógica implícita en un mercado financiero muy deteriorado. No obstante, hay otras consideraciones de detalle que merece la pena recordar.

La primera es que el drama no tiene por qué convertirse en tragedia. Las grandes empresas españolas, esas a la que la retórica al uso les asigna la marca España, integran ingresos, actividades y negocios generados en Europa, Latinoamérica o Asia; el peso del negocio exterior en las cuentas de resultados corporativas no solo es muy elevado en estos momentos, sino que es imparablemente creciente. Obedece a la inercia de la internacionalización, pero también a la evidencia de que la gestión de la economía española tiende a empeorar. La calidad regulatoria española sufre de un proceso continuo de empobrecimiento desde 1996. Cualquier empresario o directivo con memoria podría fechar sin problemas esa descomposición política que, por el momento, se manifiesta en la ridícula política energética del país. No es de extrañar, por lo tanto, que las grandes empresas españolas se acojan a la estrategia de refugiarse en el exterior. Gracias a esa externalización, el impacto sobre la deuda es menor. Juega además como válvula de alivio el hecho de que empresas con recursos y capacidad de gestión hayan cerrado la financiación anual antes de las tormentas de la deuda. No obstante, la financiación anticipada no es la solución si la desconfianza hacia la calidad crediticia de un país se convierte en crónica. -