Reportaje:Empresas & sectores | El debate de las infraestructuras

Obras con menos riesgo

Las constructoras reclaman seguridad jurídica y mínimas incertidumbres para la financiación privada de las infraestructuras

Las constructoras se ven abocadas cada vez más a convertirse en concesionarias y financiadoras de las obras públicas, dada la clara apuesta del Gobierno por las fórmulas público-privadas para canalizar inversión fuera del presupuesto. El Ministerio de Fomento trata de poner en marcha un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) para movilizar 17.000 millones de euros en los próximos años, que las empresas aplauden, pero sobre el que plantean muchas dudas.

En este nuevo escenario la palabra clave es riesgo: cómo se reparte entre Administración y empresa para que no compute en el déficit público y cómo se convence a las entidades financieras de que su dinero corre un peligro mínimo.

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El debate sobre las infraestructuras gira en torno a la seguridad jurídica y financiera, como se puso de manifiesto en el encuentro organizado por la consultora KPMG y EL PAÍS. A él asistieron la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero; el portavoz parlamentario del PP de Fomento, Andrés Ayala; cinco representantes de las empresas: los presidentes de Globalvía, Juan Béjar; de Corsan Corvian, Francisco García; de Sacyr, Francisco Javier Gayo; de Comsa-Emte, Jorge Miarnau, y de Seopan, la patronal de las constructoras, David Taguas. Además, estuvieron Cándido Pérez y Elena Pisonero, de KPMG.

Taguas abrió el fuego con el esbozo de un panorama desolador. La actual es "la peor situación imaginable", por el "doble shock" de oferta (excesivo número de empresas, de competencia) y demanda (recortes presupuestarios) en el sector. El marco regulador no ayuda y las normas contables internacionales hacen que los proyectos den "fuertes pérdidas" los primeros años al tener que apuntar los gastos financieros cuando se devengan.

Para completar los males del sector, Taguas se refirió al "reducido" margen de beneficio (que cifró en un 4% sobre ventas) y la escasa capitalización de las empresas (del 16% de recursos propios sobre ventas). Una ratio que, resaltó Miarnau, "estaba bien para hacer obra pública", pero "no para ser concesionarios".

En esa conversión del sector tienen un papel fundamental los bancos, abundó el presidente de Comsa-Emte, que echó en falta a los financieros en el debate. "Faltan los bancos en esta mesa", certificó. Una pata imprescindible en la interlocución y ante los que hay que generar "entre todos un clima de confianza", en palabras de Francisco García, de Corsan Corvian, quien alertó de una "masiva destrucción de empleo en 2011" si no se recupera la inversión.

"Los fondos propios de las constructoras eran los correctos para hacer obras, pero no para convertirse en concesionarios", añadió Jorge Miarnau. Javier Gayo, de Sacyr, subrayó que la ley de morosidad "está haciendo mucho daño a las empresas" porque les obliga a pagar en unos plazos que las administraciones públicas no cumplen con ellos. También subrayó la necesidad de "seguir invirtiendo en España para que el sector no se venga abajo", para que "no deje de estar entre los primeros del mundo".

En esa generación de confianza, de seguridad, ante las entidades financieras hubo total coincidencia entre los intervinientes, que defendieron las medidas (créditos participativos, cuentas de compensación) para salvar las autopistas radiales de peaje de Madrid de la quiebra, precisamente como condición para lograr financiación para el PEI. La secretaria de Infraestructuras tildó de "inadmisible que se critique que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo para resolver ese problema". "Si hay un desequilibrio económico en una concesión administrativa hay que actuar", alegó Rodríguez-Piñero. Varios participantes criticaron "la campaña de demonización" contra el sector que han emprendido algunos medios de comunicación.

Juan Béjar y otros participantes hablaron del problema que conllevan los criterios contables y la obligación de consolidar deuda cuando se sobrepasa la mayoría de control en un proyecto. "El que haya que contabilizar los intereses del proyecto hace que el mejor resultado se dé necesariamente el mes antes de que termine la concesión", lo cual a su juicio no tiene sentido. "Y el hecho de que si tienes el 51% de un proyecto tengas que anotarte el 100% de la deuda asociada hace que las empresas tengan que huir de poseer la mayoría del control", criticó.

El socio responsable de Infraestructuras de KPMG, Cándido Pérez Serrano, se refirió a la posibilidad legal de que ese reequilibrio económico sea en doble sentido (también cuando los beneficios obtenidos por el concesionario superen lo previsto) y a la necesidad de establecer niveles de competencia entre administraciones.

Tras la intervención de Taguas y de los constructores, la alto cargo del Ministerio de Fomento usó su turno para centrar el debate. "Hay que ver qué problemas son estructurales y cuáles coyunturales, aunque puede que estos vayan a durar. Hay que analizar qué infraestructuras se necesitan, cómo se hacen y cómo se financian", señaló. Rodríguez-Piñero criticó el diseño que hicieron anteriores Gobiernos, aunque no entró en atribuir culpabilidades. "En España no se ha planificado bien, con análisis de viabilidad económica y social de las obras. Desde que llegó el nuevo equipo al ministerio cambiamos radicalmente los pliegos de condiciones para modificar los criterios de las propuestas económicas a la baja, porque, al final, las obras que se adjudicaban con grandes bajas terminaban costando con las modificaciones lo que se había marcado en la licitación. Hay que garantizar la eficiencia en el coste de las obras. Ya no podemos hacer que todos los proyectos sean singulares. Además, hay que analizar el coste de oportunidad que conlleva el gasto, es decir, a qué estoy renunciando por hacer una obra. Por eso hemos establecido horquillas de coste por kilómetro de las infraestructuras en función de las características del terreno. Me sorprendió al llegar al ministerio que eso no existía", añadió la secretaria general de infraestructuras.

Respecto a la preocupación de los asistentes sobre la disponibilidad de las entidades españolas y extranjeras a aportar financiación para el sector, Rodríguez-Piñero dio buenas noticias. "Llevamos cuatro meses dedicados en exclusiva a hablar con las entidades financieras. Vimos que nadie asume el riesgo de demanda y buscamos un modelo en el que no se transfiriera el riesgo de las expropiaciones. Con vistas al PEI teníamos que garantizar dos cosas, que las obras fueran financiables y que no computaran en déficit. Percibo apetito inversor para participar en el PEI. Os garantizo que el TIR será competitivo", dijo a los asistentes.

El diputado del PP Andrés Ayala saludó el cambio ideológico que supone que el Partido Socialista impulse la colaboración público-privada (CPP). Este es un modelo de negocio que, dijo, "viene para quedarse". "Pero la CPP, cuya gran bondad es la transferencia del riesgo, no puede ser el único sistema. El PEI es solo una parte de la solución", añadió Ayala, que pidió un equilibrio entre las inversiones presupuestarias y las CPP. "No creo que el TIR del 7% sea atractivo. El acuerdo del Gobierno con la banca para el PEI es laxo, sin compromisos", criticó.

Juan Béjar, presidente de Globalvía, el grupo de infraestructuras participado por FCC y Caja Madrid, incidió en los problemas de financiación de las administraciones autonómicas y locales. Béjar considera que el sector se enfrenta ahora mismo a la "inviabilidad absoluta de financiar proyectos ligados a la deuda municipal y autonómica". También se mencionó la sangría que supone para las filiales de medio ambiente de los grupos constructores el que la práctica totalidad de Ayuntamientos no estén pagando a las empresas los servicios de limpieza y basuras.

Elena Pisonero, adjunta al presidente de KPMG, subrayó que en este contexto hay liquidez, "pero se mira con lupa antes de invertir". Y coincidió con Rodríguez-Piñero en la necesidad de analizar si los problemas coyunturales "han venido para quedarse, para convertirse en estructurales".

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 14 de noviembre de 2010.

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