El ahorro en coches lo pagan otros

Casi medio centenar de coches, incluido el antiguo A8 blindado del alcalde, coge polvo en la cochera municipal desde principios de septiembre. Es la flota de la que se ha deshecho Alberto Ruiz-Gallardón para poder anunciar un ahorro de 646.000 euros por "la sustitución de los vehículos oficiales por otros de gama más baja y menos contaminantes", aunque no matizó los términos. En realidad, la rebaja en el presupuesto será de un millón de euros y no viene de la sustitución de un contrato por otro más barato. Las cuentas solo salen dejando de pagar a las dos empresas que le prestaban 49 vehículos en concepto de leasing (alquiler y mantenimiento con derecho a compra) tras rescindir unilateralmente tres contratos que vencían en 2013.

El ajuste no viene de un contrato más barato sino de la rescisión de otro

Las dos empresas, filiales de los bancos ING y BBVA, aún están encajando la avería que les supone el incumplimiento del alcalde. Teniendo en cuenta que los contratos para cuatro años se firmaron el año pasado (solo el del regidor se inció en 2008) y que el Ayuntamiento les compensará solo con 66.000 euros -el 6% de los 1,1 millones que tendría que haberles pagado en el caso de no haber cancelado el acuerdo- la pérdida de negocio es considerable.

El Ayuntamiento mantiene que en el contrato nunca llegó a concretarse una indemnización y que, ante la ausencia de acuerdo, se remite a la Ley de Contratos del Sector Público.

El conflicto surge cuando las empresas entienden que no se trata de un contrato público sino privado y piden una indemnización mayor. De hecho, una de ellas, ING Lease España, llegó a presentar alegaciones -que se recibieron fuera de plazo- y reclamó por daños y perjuicios 400.000 euros, un 50% del importe que faltaría por pagar hasta la finalización del contrato, según un portavoz municipal. La compañía siguió el criterio que suele aplicarse cuando un cliente cancela unilateralmente la relación contractual, según expertos en renting de coches.

El Ayuntamiento, que recibió la aprobación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid (órgano que asesora legalmente aunque sus resoluciones no son vinculantes), desestimó la petición. Están tranquilos. Las posibilidades de que un recurso judicial prospere son casi nulas, consideran fuentes municipales.

Por su parte, Finanzia Autorenting, la filial del BBVA, no llevará a juicio al alcalde. El banco tiene mucha relación con el Ayuntamiento, sobre todo financiera y con contratos de otro tipo, y no es habitual denunciarse en los tribunales por una disputa de, en su caso, 300.000 euros. Precisamente, esa amplia relación les podría permitir encontrar otros campos en los que compensar al banco por la pérdida que supone este negocio.

Las empresas tienen hasta el próximo lunes para recoger sus coches de la cochera y algo más para decidir qué hacer con ellos.