La Junta autoriza la venta de 75 inmuebles sin fijar aún su precio
La enajenación y el alquiler con retorno pretenden generar nuevos ingresos
El Gobierno andaluz autorizó ayer la enajenación de 75 inmuebles propiedad de la Administración autonómica en favor de dos entidades públicas instrumentales -la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, SA, y la Empresa Pública de Gestión de Activos, SA- con el objetivo de obtener recursos para completar el presupuesto de 2011. El Gobierno no cuantificó el montante de la operación que pretende realizar, alegando que una agencia de tasación privada está realizando un informe de valoración de la totalidad de los inmuebles.
La operación financiera que quiere realizar la Junta, denominada en el argot sale and leaseback, implica la venta de los citados inmuebles a un tercero y su posterior alquiler por un periodo de tiempo específico. La peculiaridad en el caso de la Administración regional es que la Junta vende a dos sociedades que son 100% propiedad de la propia Junta de Andalucía, y se alquila los edificios para su uso y su posterior retorno al patrimonio regional.
Dos empresas públicas financiarán la operación con su endeudamiento
De esta manera, la Junta esquiva la imposibilidad de incrementar su endeudamiento y mantiene su compromiso de estabilidad presupuestaria con el Gobierno central. Además, la Junta ya ha comprometido su capacidad máxima de déficit presupuestario, fijado en el 1,3% del PIB para 2011, lo que le ha supuesto una reducción de su calificación por parte de las agencias de rating.
Los inmuebles, entre los que se incluyen sedes de distintas consejerías, delegaciones y organismos de la Junta, suman alrededor de 400.000 metros cuadrados de superficie construida, y se encuentran distribuidos por las ocho capitales de provincia. La relación contiene cuatro inmuebles en Málaga; cinco inmuebles en Almería y Jaén; seis en Cádiz y Córdoba; siete en Granada y Huelva, y 31 en Sevilla. La relación se completa con cuatro inmuebles más en Jerez de la Frontera (Cádiz), Marbella (Málaga) y Camas y San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, no descartó ayer que la Junta autorice en un futuro la venta de más inmuebles si fuera necesaria la obtención de más ingresos para poder cuadrar el presupuesto.
Esta nueva fórmula de financiación ha sido muy criticada por el PP, que la ha llegado a calificar de "fullería contable", en palabras de su dirigente Esperanza Oña, quien afirmó que serán "las empresas públicas las que tengan que endeudarse para adquirir los inmuebles".
Por su parte, Izquierda Unida ha criticado esta fórmula de obtención de recursos por ser "muy cara" para la comunidad, al tiempo que ha denunciado que no se hubiera optado por una fórmula de obtención de recursos de tipo fiscal.
Desde la Junta, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha mantenido que es una fórmula "ventajosa" e "innovadora" y que "pone en valor el patrimonio y los edificios a través de su mejor rentabilización" sin que cambien la titularidad ni los servicios que prestan esos inmuebles.
Otras comunidades autónomas como Cataluña (presidida por el socialista José Montilla) o Valencia (por el popular Francisco Camps) han anunciado diversas fórmulas de financiación para la obtención de más ingresos para el presupuesto de 2011. Así, la Generalitat catalana emitirá bonos por valor de entre 2.500 y 3.000 millones de euros, que han despertado una demanda en el mercado de más de 5.000 millones.
La Generalitat valenciana ha anunciado la enajenación directa de 13 solares y cuatro edificios de su propiedad -estos edificios alojan ahora a consejerías que serán reubicadas en un nuevo edificio administrativo- con los que pretende obtener más de 393 millones de euros.
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