El Gobierno arrumba la petición de competencias previstas en el Estatuto

Desde que estalló la crisis económica a mediados de 2008, todos los esfuerzos de todos los gobiernos han ido encaminados a intentar tapar agujeros. Esta prioridad ha dejado de lado otras iniciativas, la puesta en marcha de nuevas prestaciones y promesas electorales. Además, en el caso de Andalucía, la petición de traspasos de nuevas competencias previstas en el Estatuto de Autonomía ha pasado a un segundísimo plano.

La agenda de peticiones del Ejecutivo autónomo al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la integran ahora mismo tres asuntos: los chiringuitos (ordenación y gestión del litoral); la ampliación de los medios patrimoniales traspasados de las confederaciones hidrográficas; y la red ferroviaria de cercanías. De los tres, el objetivo fundamental es la gestión sobre los chiringuitos, aunque una vez pasada la temporada estival hay menos prisas. La falta de acuerdo sobre el dinero que implica esta competencia es el único motivo del retraso de casi un año que acumula esta cesión. En el Gobierno se confía en el acuerdo definitivo con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar.

"Hay un freno por propio interés nuestro", comenta la consejera

Pero después de estas peticiones no hay nada más en el horizonte. Y la prioridad del Gobierno andaluz no está enfocada hacia ese camino, como lo reconoce la consejera de la Presidencia, Mar Moreno: "Las políticas sociales son lo propio de la autonomía. Y Andalucía está muy centrada en las competencias básicas y clásicas del Estato de bienestar" que ya tiene (educación, sanidad, prestaciones sociales, empleo).

En su opinión, "no tiene mucho sentido en estos momentos" centrarse en la reclamación de los paradores de turismo, cuando hay "una agenda enorme de reformas" por acometer sobre las propias competencias de la comunidad. "Estamos más ocupados en mantener el techo social que el techo competencial", afirma Mar Moreno.

El Gobierno andaluz tiene claro que si reclama un nuevo traspaso no es por una cuestión de identidad, como puede ocurrir en otras comunidades, sino para mejorar la gestión de lo que se pide. "Todas las transferencias cuestan dinero, no es por el gusto de tenerlas, y ahora mismo es muy difícil mejorar la dotación económica", advierte Moreno. Y añade: "Hay un freno por propio interés nuestro, porque las prioridades son otras".

Desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto (20 de marzo de 2007) se han producido 14 traspasos (nueve en la presente legislatura). Lo más sustancial son las transferencias relacionadas con la cuenca del Guadalquivir y la liquidación definitiva y muy polémica de la llamada deuda histórica.

En cuanto al desarrollo legislativo del propio Estatuto destaca la ley de la muerte digna, las dos leyes locales (autonomía de los municipios y la de la participación en los tributos de la Junta), la creación de la agencia tributaria o la posibilidad de que el Gobierno dicte decretos leyes, lo que permite acelerar al máximo los cambios legislativos.

Otra consecuencia del cambio de prioridades por la crisis, ha sido que las comunidades autónomas son tenidas menos en cuenta en aquellas competencias que comparten con el Estado, sobre todo, las de índole económica. Un ejemplo: cuando el Gobierno central modificó la ley de cajas de ahorros, los ejecutivos autónomos se enteraron prácticamente por los periódicos.