La falta de dinero impide al Consell abrir 15 nuevos juzgados

La Generalitat ha pedido seis meses de moratoria para ponerlos en marcha

La Generalitat no tiene dinero para poner en marcha los 15 juzgados que debían entrar en funcionamiento el próximo 31 de diciembre. Ha pedido una moratoria al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y este se la ha concedido. El Consell podrá aplazar solo hasta el próximo julio la puesta en marcha de esas nuevas oficinas judiciales. La falta de dinero en la Administración autonómica valenciana vuelve a lesionar a un servicio fundamental.

El consejero Rafael Blasco, responsable de Justicia desde que hace tres meses sustituyó a Paula Sánchez de León, portavoz del Consell, tras ser nombrada coordinadora de la campaña electoral del PP, ha guardado silencio al respecto. Blasco, el pasado día 25 de octubre, inauguró la Ciudad de la Justicia de Elche. Y en ese evento, con la petición ya cursada al CGPJ, se jactó: "Este mismo año vamos a crear 22 nuevos juzgados, lo que refleja nuestro compromiso por ofrecer a los ciudadanos una justicia más ágil, más accesible y de más calidad". No van a ser 22 los juzgados nuevos este año 2010 en la Comunidad Valenciana. Quedan los 15 pendientes para el 31 de diciembre. De ellos, al menos ocho, no van a entrar en vigor por falta de recursos de la Administración del presidente Francisco Camps.

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La Generalitat ha callado que envió una petición al CGPJ para no inaugurar esos juzgados. Esa petición fue remitida por el CGPJ al Ministerio de Justicia y este, a su vez, la devolvió al CGPJ para que informara. Lo ha hecho poniendo un plazo a esa demora pero lamentando la situación, expresando su "preocupación" por la imposibilidad de ejecutar un acuerdo aprobado hace un año. El CGPJ se pronunció de forma idéntica para las comunidades de Madrid, Andalucía y Canarias. Curiosamente, las cuatro autonomías, con la Comunidad Valenciana al frente, participaron el pasado julio en una reunión de 11 comunidades autónomas, para pedir más jueces y menos juzgados. Los jueces y los secretarios judiciales los paga el Ministerio de Justicia. Los funcionarios de los juzgados, las autonomías.

El silencio del Consell en el aplazamiento en la puesta en marcha de nuevos juzgados choca, también, con el mensaje repetitivo, especialmente por la actual portavoz del Gobierno de Camps y ex responsable de Justicia, de crítica a la Administración central por "falta de sensibilidad" y "discriminación" en el número de juzgados que se habían aprobado para la Comunidad Valenciana. El secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, dijo el pasado abril que "la Comunidad Valenciana es la tercera por la cola desde hace años en número de jueces por habitante" y que "esa responsabilidad, como todo el mundo sabe, depende del Gobierno central". Ahora, es el Gobierno autonómico el que no es capaz de asumir la creación de un número de juzgados que le pareció escaso.

No es el único problema. Si de los 15 nuevos juzgados pendientes de poner en marcha finalmente siete entran en funcionamiento, lo harán, según fuentes sindicales, sin que se convoquen plazas de funcionarios, como ocurrió en la Audiencia de Alicante. La consejería ya le ha dicho a los sindicatos que se moverán funcionarios de donde ahora están destinados. Esto supondrá, en la práctica, una reducción de alrededor de 190 funcionarios. Será, según la Federación de Servicios Públicos de CC OO, el "hundimiento" de la Justicia. Pero además, está la reducción de interinos, que empezó hace más de un año por rebajar el tiempo de sus contratos. "No hay una orden de no renovar a los interinos", justificó el director general de Justicia, Antonio Gastaldi, que argumentó la falta de personal actualmente existente en numerosos juzgados alegando "un retraso en la provisión de los puestos que quizá sí haya producido una disfunción". Gastaldi admitió la existencia de un "atasco en la gestión" de estas plazas pero rechazó que se vaya a reducir la plantilla de interinos. La interinidad, sin embargo, alcanza porcentajes muy altos en partidos como Vinaròs, Requena, Ontinyent, Orihuela y Torrevieja, donde llega al 80%, según las mismas fuentes sindicales.

El ministro Francisco Caamaño, entre Rafael Lafuente, Esteban Morcillo y Salvador Montesinos.
El ministro Francisco Caamaño, entre Rafael Lafuente, Esteban Morcillo y Salvador Montesinos.MÒNICA TORRES

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