Fondo de rescate

La cumbre de la Unión Europea (UE) decidió ayer abrir un periodo de consultas para realizar una nueva reforma del Tratado que sirva para encajar en su articulado el nuevo fondo de rescate para Estados miembros sometidos a graves crisis financieras. Es una decisión prudente. La creación del nuevo fondo -en realidad, la conversión a permanente del fondo temporal, que por tres años se creó ya en mayo, con acceso a 750.000 millones de euros- es una medida necesaria y ambiciosa, que completará adecuadamente la unión monetaria. Ahora bien, las durísimas discusiones sobre procedimientos y contrapartidas -como la protagonizada por dos franceses, el presidente de la República, Nicolas Sarkozy, y el del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet- han evidenciado que las posiciones están todavía muy lejos del consenso.

Como consecuencia, la decisión se remite el próximo Consejo Europeo, que examinará sendos informes sobre las propias características técnicas del fondo y sobre la viabilidad de integrarlo en el Tratado de Lisboa, mediante su reforma. Lo importante para la estabilidad monetaria y la ortodoxia económica de la Unión es el establecimiento del fondo permanente. Su encaje jurídico, aunque relevante, es un problema instrumental para la Unión, aunque lo sea mucho más para un socio clave como Alemania, que, en razón de las sentencias de su Tribunal Constitucional, considera indispensable su incorporación al Tratado y, por ende, su reforma. Es preciso conjugar sus motivaciones, jurídicas y políticas, con las de los demás, pero siempre huyendo de las imposiciones.

Es indispensable, sobre todo, no abocar a la Unión a un ejercicio de introversión en una coyuntura clave para la redistribución del poder económico en el mundo. El peligro de una reforma del Tratado, por ligera que pretenda ser, no radica en su contenido, algo sobre lo que el consenso no es imposible, sino sobre los procesos de ratificación nacionales, la eventual toma de rehenes particularistas (imposición de condiciones especiales para determinados países) y la consiguiente polarización paralizante de los Veintisiete en una cuestión aparentemente institucional. Solo si las garantías de que el proceso auspiciado por Francia y Alemania para una reforma constitucional no paralizante son suficientes, resultaría sensato ponerla en marcha. De lo contrario, habrá que explorar otras vías.

Por el camino ha aumentado la dureza de las sanciones contra los países que exhiben déficits excesivos; ha decaído su carácter automático; y se ha averiado la imposición de sanciones políticas, como la retirada del derecho al voto. Cada uno de estos resultados exhibe aspectos positivos y negativos. Lo importante es que, al final, el paquete sancionador sea viable y creíble. Y lo decisivo es que acompañe de forma consistente al futuro fondo permanente de rescate, cuya creación será imposible sin el consenso general.