Las constructoras rechazan edificar en el polémico solar de Lezama

El plan urbanístico en terrenos de la familia de la alcaldesa de Lezama se vuelve a enfangar. El Ayuntamiento aprobó ayer el plan especial para impulsarlo pero con el rechazo de las dos constructoras que deben desarrollarlo, una situación inédita en un proyecto de urbanización. Las empresas han exigido la nulidad del plan (que contempla construir 52 pisos) al existir una sentencia del Tribunal Superior, que ha sido recurrida al Supremo, que anula todo el plan general de Lezama y las anomalías en un informe de la Dirección de Aguas. Por ello, advierten que pedirán daños y perjuicios si el consistorio sigue con este proyecto.

El plan se aprueba solo dos semanas después de que EL PAÍS difundiera que la Fiscalía, que abrió una investigación sobre el caso, no ha apreciado prevaricación en la actuación de la alcaldesa Alaitz Etxeandia (PNV).

El Ayuntamiento desestimó ayer las alegaciones de las dos constructoras

"¿Quién gestiona una unidad cimentada sobre pies de barro?", preguntan

La valoración de las constructoras aparece en las alegaciones al llamado plan de Txupetxa. El pleno del Ayuntamiento las rechazó, solo con los votos del PNV (que tiene ocho concejales, frente a uno de EB y otro del PSE) al igual que otras de tres particulares y la plataforma vecinal Lezama Bizirik. Solo se aceptó una, curiosamente de un primo de la alcaldesa Alaitz Etxeandia, para aumentar la edificabilidad en una vivienda.

Las dos constructoras que rechazan ahora el proyecto alcanzaron un acuerdo de compra-venta de los terrenos con la familia Etxeandia por seis millones en febrero de 2007, ocho meses antes de la recalificación de los terrenos, que estaban clasificados como urbanos pero con la calificación de inundable, lo que impide cualquier uso residencial. En 2009 renegociaron el acuerdo y se rebajó la cantidad a 5,5 millones (de los que los Etxeandia han cobrado ya 2,2 millones). Pero poco después llegó el fallo del Superior y pidieron la rescisión del contrato, junto a a la devolución de tres millones.

Pero las constructoras siguen negándose a acometer el proyecto. Además de la sentencia del Superior que anula todas las normas urbanísticas de Lezama, censuran lo ocurrido con el informe, presentado por el Ayuntamiento, que eliminó la inundabilidad y posibilitó así construir pisos en Txupetxa. Aluden a que se elaboró en la fase final de la tramitación y que solo llegó cuatro días antes del visto definitivo del Gobierno vasco. Agregan que lo "más flagrante" es que el solar se ve afectado por el río Asua, que "lo atraviesa longitudinalmente, lo que hace necesario un conocimiento exacto de su ubicación y tratamiento para evitar futuras inundaciones".

Las dos constructoras reprochan al consistorio que trata de "ganar tiempo". Una de las claves del caso es que el acuerdo entre los Etxeandia y las constructoras fija el plazo límite de abril de 2011 -en menos de cinco meses- para que el Ayuntamiento concluya los trámites y ponga el suelo a disposición de los promotores. En caso contrario, los Etxeandia deben reintegrar lo cobrado más los daños y perjuicios. El de Txupetxa ha sido el único plan urbanístico puesto en marcha en Lezama.

"¿Quién puede gestionar y urbanizar una unidad de ejecución que está cimentada sobre pies de barro, con la consiguiente inversión de varios millones de euros? Esa pregunta se la hacemos a la presidenta alcaldesa", dicen las constructoras.

En el pleno de ayer, donde no asistió la alcaldesa, los ediles del PNV defendieron su actuación legal y se basaron en el archivo de la Fiscalía. La concejal del PSE, Dolores Fernández, quien insistió en la falta de "transparencia" municipal, consideró "muy grave" que se apruebe el plan de Txupetxa sin esperar a la decisión definitiva del Tribunal Supremo.