La cúpula de Extranjería en Lugo, imputada por la red de prostitución

La juez que instruye el sumario de la Operación Carioca, Pilar de Lara, está imprimiendo un ritmo frenético a una investigación con la que se pretenden esclarecer las ramificaciones de una trama de prostitución en la provincia de Lugo. En la red, además, se han detectado presuntas conexiones internacionales con el tráfico de mujeres desde Brasil. Esta semana se inició con la detención de cuatro agentes de la policía nacional de la comisaría de la ciudad. Y continuó ayer con la detención del número dos del departamento de extranjería de esa misma adscripción policial, Eduardo Castro, y la imputación del agente que es todavía su máximo responsable, Evaristo Rodríguez.

Los cuatro agentes, pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, pasaron la noche del lunes al martes en las dependencias de la comandancia de la Guardia Civil de Lugo y testificaron ante la juez hasta después de las seis de la madrugada del miércoles. En ese momento, los arrestados quedaron en libertad sin fianza pero con medidas cautelares. A partir de ahora no podrán salir del territorio español, tendrán que entregar el pasaporte a las autoridades, se deberán presentar ante el juzgado que instruye la operación todos los lunes y la juez ha decretado una orden de incomunicación con cualquiera de las mujeres que hubieran ejercido la prostitución en los cuatro burdeles de la ciudad de Lugo en los que se inició la operación, el 16 de octubre del pasado año.

Los cuatro policías detenidos el lunes no pueden salir de territorio español

El SUP pide que no se vulnere el derecho a la presunción de inocencia

Ante la juez, los policías detenidos tuvieron que declarar por los presuntos delitos de colaboración con la prostitución, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Apenas dos horas después de que hubiera concluido la declaración de estos agentes y una vez firmados los autos correspondientes, la actividad investigadora no decayó. El máximo responsable de la Brigada de Extranjería tenía que acudir al juzgado para testificar como imputado, en tanto que su número dos era detenido con el fin de ponerlo también a disposición de la juez instructora de la Operación Carioca, Pilar de Lara.

El interrogatorio al máximo responsable de extranjería, que no fue detenido, comenzó sobre las 12.00 horas de ayer, y a última hora de la tarde todavía no había concluido, -en parte debido a un problema informático-, por lo que se da por seguro que la declaración del subinspector no se producirá hasta hoy. La intervención de una llamada telefónica a una de las mujeres en la que supuestamente se citaban los nombres de los responsables de la brigada policial, junto con el cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo, ahora en prisión preventiva, podría haber sido una de las pistas que siguió la instructora, quien ya en su día había registrado las dependencias de extranjería de la comisaría lucense de la policía nacional.

Mientras tanto, persiste el malestar en el seno de la policía nacional luguesa, que dice sentirse víctima de un juicio paralelo. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario dentro de ese cuerpo de seguridad, emitió ayer un comunicado advirtiendo de que tan solo la ley y los encargados de promover su aplicación "son los habilitados para decidir sobre la culpabilidad o no de las personas". Apela el sindicato al derecho constitucional de la "presunción de inocencia" y aunque advierte que no quiere realizar una defensa corporativista ni "a ultranza" de los policías implicados, pide que se les juzgue "mediante un proceso con las debidas garantías".

Tampoco sentó bien en determinados ámbitos policiales que las detenciones se les hubieran encomendado a agentes del departamento de Servicios Internos de la Guardia Civil que se desplazaron desde Madrid. De hecho, el secretario general de este mismo sindicato policial en Galicia, Miguel González, recordó que la policía nacional también cuenta con un departamento de Servicios Internos, que, dijo, "no tendrían ningún inconveniente en hacer esto y lo que hiciera falta". Sin embargo, González tampoco quiso cuestionar la decisión de la juez instructora de la investigación de haber trasladado ese cometido al organismo dependiente de la Guardia Civil.