Las cuentas de la cooperación

En estos últimos días hemos asistido a un deterioro sin precedentes de la imagen pública de la cooperación al desarrollo en la Comunidad Valenciana. Esto es consecuencia de la difusión a través de los medios de comunicación de sospechas y denuncias relacionadas con presuntas tramas de corrupción demasiado habituales en otros ámbitos, pero hasta ahora ajenas al mundo de la cooperación.

Es sin duda una situación de extrema gravedad pues, tal y como llegan los mensajes a la sociedad, ponen en jaque el trabajo honrado, profesional y comprometido que muchas personas durante ya mucho tiempo vienen desarrollando en ONGD, Administraciones públicas y otros organismos e instituciones. La situación resulta especialmente difícil en un momento de crisis como el actual ya que la legitimidad, credibilidad y aceptación social de la cooperación al desarrollo depende precisamente de un compromiso íntegro con los valores de la solidaridad y la justicia social.

Las entidades han de rendir cuentas de su gestión y actuaciones ante la ciudadanía

Los abajo firmantes formamos parte del sector profesional de la cooperación, desempeñando tareas docentes e investigadoras en la universidad. No podemos permanecer ajenos a lo que está ocurriendo estos días y, puesto que creemos en la importancia de una cooperación al desarrollo de calidad, queremos apuntar lo que la comunidad internacional ha consensuado como calidad de la ayuda oficial al desarrollo que incluye todos los fondos públicos de los donantes (gestionados directamente por las administraciones o a través de ONGD) que tengan como objetivo el desarrollo de los países receptores.

En el año 2005, todos los países donantes y receptores suscribieron la Declaración de París para la Eficacia de la Ayuda, posteriormente ampliada en Accra en 2008. Si hacemos un somero repaso a los principios de la Agenda de París, nos encontramos con criterios que nos permiten entender lo que se ha definido como buena práctica de la cooperación internacional. Se habla, por ejemplo, del principio de apropiación democrática, que implica que son los Gobiernos de los países receptores y su ciudadanía los que deben diseñar sus estrategias de desarrollo, que han de ser respetadas y apoyadas por los donantes. Se menciona que los donantes han de coordinarse, armonizando sus prácticas y procedimientos. Asimismo, existen referencias a la necesidad de que la ayuda al desarrollo sea más previsible y transparente, de manera que se pueda asegurar un mayor impacto de las intervenciones. Y, por último, un principio de gran importancia: la mutua rendición de cuentas. Según él, las entidades que trabajan en cooperación no solo han de lograr un impacto con sus intervenciones, sino que lo han de hacer rindiendo cuentas de su gestión y actuaciones ante la ciudadanía.

La rendición de cuentas va asociada a la transparencia que permite el acceso a una información fidedigna, actualizada y sistematizada; implica responsabilidad, que supone que los ciudadanos tienen derecho a pedir cuentas a sus Gobiernos por la manera en la que gestionan sus políticas y por los éxitos o fracasos en los objetivos comprometidos. La rendición de cuentas conlleva justificación, que supone demostrar un uso adecuado y eficiente de los recursos. Y, por último, contempla sanciones para aquellas actuaciones que fueran evaluadas negativamente.

La cooperación española y la valenciana no son ajenas a todo lo mencionado anteriormente. No solo porque España haya sido uno de los Estados signatarios de la Declaración de París, sino también porque, en diciembre de 2007, todos los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron el Pacto de Estado contra la pobreza asumiendo explícitamente los principios de dicha declaración. A instancias de la Coordinadora Valenciana de ONGD los contenidos de este pacto fueron suscritos nuevamente por todos los partidos políticos con representación en las Cortes Valencianas en mayo de 2009.

En consecuencia, y en relación con los casos antes mencionados, entendemos que es la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía la que debe responder a las acusaciones vertidas, pues tiene la obligación, la información y la capacidad para hacerlo. En ese sentido, debería despejar todas las dudas sobre la honradez de sus relaciones con las ONGD subvencionadas y los contratos que de estas subvenciones se derivan, aportando todos los detalles sobre las actividades, personas y organizaciones que hay detrás de ellas. Si no se hiciera así, sería necesaria la asunción de las responsabilidades que se deriven en cada caso, pues el daño causado resultaría irreparable. Ojalá este debate contribuya a dotar de mayor transparencia a todo el sector de la cooperación al desarrollo.

(*) Firman también este artículo Jordi Peris, Iván Cuesta, Raúl Compés, Félix Lozano, Tomás Gómez, Diego Álvarez, Isabel Royo, Llanos Gómez, Miriam Acebillo, Sergio Belda, Andrés Hueso y Álvaro Fernández-Baldor. Profesores y colaboradores del Máster en Políticas y Procesos de Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia.