Expedientes extraviados, desordenados y olvidados

Carpetillas con un solo papel, expedientes desaparecidos o instrucciones para que las sanciones urbanísticas se dejen prescribir. Las 28 cajas con los expedientes urbanísticos tramitados por el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) entre 2003 y 2008 han puesto a prueba la paciencia de los investigadores del caso Astapa. Después de examinarlos inciden en el gran número de omisiones, algo que "va más allá de un simple olvido".

Los policías tomaron como línea de trabajo las declaraciones del ex tesorero municipal Félix Domínguez Pimienta, que aseguró que se habían dejado de ingresar hasta 10 millones de euros por no tramitar estos expedientes. El antiguo tesorero, testigo en la causa, aseguró que "ni uno solo de estos expedientes había sido trasladado al negociado de gestión tributaria y recaudación para cobrarlos".

La inspectora que firma el informe, del 30 de marzo de 2009, destaca que la mayoría de los expedientes están "aparentemente inacabados". "No se entiende por qué no se han hecho efectivas las multas (...) cuando no han podido localizar a la persona afectada no figura qué otras gestiones han realizado y cuál ha sido el resultado final", recoge. Al final, pide que un perito resuelva sus interrogantes.

Los expedientes de 2003 o 2004 ya están prescritos. Con todo, se destaca que 82 de los 349 se han reactivado.

Uno de los personajes habituales en el sumario de Astapa es el concejal ex socialista Francisco Zamorano. En el tomo XVI el empresario imputado Antonio Vallejo le acusa de cobrar una comisión de 30.000 euros, a través de la sociedad Lauzavi, puesta a nombre de su esposa, a cambio de averiguar quiénes eran los dueños de unos terrenos que interesaban a la promotora de sus cuñados.