Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Restaurantes de la Malva-rosa

Los concesionarios de los restaurantes del paseo marítimo de la Malva-rosa respecto a la cuestión que actualmente está en todos los medios de comunicación consideran que deben de aportar datos que den luz a este problema que afecta a todas las playas de la ciudad de Valencia: El Saler, Pinedo, la Malva-rosa y podemos incluir Sagunto.

En primer lugar, no cabe la menor duda de que estos concesionarios son los primeros y directamente afectados, junto con los usuarios del paseo marítimo de la Malva-rosa, de las decisiones que el Ministerio de Medio Ambiente tome dentro de sus competencias sobre el aprovechamiento consistente en el servicio de bar-restaurante que se dé a los ciudadanos en el referido paseo.

Dicho lo anterior, parece increíble que se tenga que explicar, para no caer en la demagogia, que los servicios públicos se pueden dar, y así lo prevé la ley, mediante concesiones gestionadas por la actividad o negocios privados. Cuestión diferente sería que la propia Administración decidiera dar ese servicio público, en este caso de bar-restaurante, a través de sus funcionarios.

Es necesario que se sepa que los denominados chiringuitos de la playa de la Malva-rosa no han ocupado en ningún momento ilegalmente el paseo marítimo. Los concesionarios nunca han infringido la ley, lo que por otro ladohubiera supuesto una prevaricación por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Eso es así porque la ocupación del paseo marítimo, que no de la arena de la playa, lo ha sido amparada mediante el otorgamiento el 20 de Mayo de 1993, por parte del ministerio, de las correspondientes concesiones para dar el servicio de bar-restaurante. Estas concesiones, que comprendían, no 150 metros cuadrados como se ha venido diciendo de ocupación de terreno de dominio público, sino la ocupación de 163 metros para la construcción de los restaurantes, ha venido complementándose por parte de la Administración mediante las correspondientes autorizaciones anuales para la ocupación de otros 150 metros cerrados. Es decir, de una vez por todas, debe quedar claro que la ocupación de más de 300 metros cuadrados cerrados por parte de los concesionarios de la playa de la Malva-rosa ha sido en todo momento legal y según las concesiones y autorizaciones otorgadas por el propio Ministerio de Medio Ambiente.

Por tanto, es injusto o en su caso interesado, el manifestar que los chiringuitos deben adaptarse a la legalidad si no se dan otras explicaciones. Y es totalmente falso o por interés o por desconocimiento, manifestar públicamente y eso demuestra una gran irresponsabilidad, que los chiringuitos han ocupado ilegalmente un espacio público para hacer negocio privado, o que se han quedado con el patrimonio de todos, o que el dominio público no puede ser ocupado así como así, o que no se ha pedido el permiso debido o que no ha existido control por parte del ministerio o que se ha hecho lo que más ha convenido a los concesionarios de manera individual o que se ha usurpado la costa... Todas estas argumentaciones, insistimos, son falsas y pueden repetirse por algunos por desconocimiento, interés o amarillismo.

Es evidente que no nos encontramos ante una cuestión aparentemente menor. La playa de la Malva-rosa se merece una solución que refleje que las instituciones actúan democráticamente, con claridad y que sirven a las necesidades de los ciudadanos. Lo contrario sería un suma y sigue en el progresivo deterioro de la confianza de los ciudadanos en la Administración y en los poderes públicos, lujo que no podemos permitirnos. Es conveniente que el ciudadano sienta que los que tienen responsabilidades políticas están con ellos y no al contrario, cayendo en el comprensible victimismo reflejado en la manida frase de Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança.

Joaquín Mompó es el abogado de los hosteleros de la Malva-rosa.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS