Bruselas busca ingresos propios con un nuevo IVA y una tasa aérea

La revisión del presupuesto comunitario, pedida por el Consejo Europeo en 2005, se ha visto aplazada y condicionada por la crisis económica y por los retrasos en la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Las ideas de la Comisión Europea presentadas la semana pasada incluyen un cambio radical tanto en los ingresos (nuevos impuestos y descuentos como el cheque británico) como en los gastos (reforma de la Política Agraria Común).

Los nuevos impuestos propios que se barajan y su capacidad recaudatoria son los siguientes: tasa sobre las transacciones financieras (entre 22.000 y 25.000 millones de euros); subasta de derechos de emisiones de CO2 (20.000 millones en 2020); IVA europeo (con un tipo del 1% se obtendrían unos 41.000 millones, datos de 2001); tasa de aviación (12.800 millones, con datos de 2006); tasa sobre la energía (108.800 millones) y un impuesto sobre beneficios de las empresas (un pequeño tipo sería suficiente para financiar el presupuesto de la UE de 122.900 millones de euros).

Uno de los temas más espinosos será el importe del 'cheque británico'

El nuevo IVA europeo se desglosaría en las facturas y sustituiría la actual aportación de los Estados en función de su recaudación de ese impuesto, pero el propio documento técnico de la Comisión señala que la alta visibilidad de esta alternativa dará problemas si los ciudadanos lo perciben como una tasa adicional.

Las propuestas no prevén aumento alguno del volumen del presupuesto comunitario que permanece congelado en el 1% del PIB comunitario, y es uno de los principales exponentes de la debilidad del proyecto europeo.

La cuestión de fondo que inspira la reforma es que la UE debe disponer de recursos propios para tener las manos libres para financiar sus políticas. Lo que supone concentrarse en "la ayuda de las nuevas empresas, la innovación, reducción de emisiones contaminantes, mejora de la calidad del medio ambiente, modernización de las universidades, ahorro y desarrollo de las redes de energía, transportes y telecomunicaciones".

Los efectos de este nuevo enfoque implicarán cambios en los recursos destinados a la PAC, que ya han pasado de representar el 65% en 1988 al 40% actual. También se esboza una inquietante nueva política de la cohesión "que debe sostener las grandes prioridades comunes a toda la UE, en lugar de concentrarse puramente sobre la reducción de las disparidades entre las regiones ricas y pobres". Una fuente comunitaria apunta que la idea es "limitar las ayudas a las regiones pobres de los países pobres".

En el capítulo de los ingresos se pretende poner fin al sistema "opaco y extremadamente complejo" y "esencialmente anticomunitario", como señala Alain Lamassoure, eurodiputado del Partido Popular Europeo y presidente de la Comisión del Presupuesto.

La realidad es que las aportaciones de los Estados, en función de su PIB representan hoy el 75% de los ingresos, mientras que en 1988, suponían el 10%. Esto implica una batalla reiterada sobre "el justo retorno" de cada país.

El sistema de ingresos se complicó a partir de 1994, cuando el Reino Unido exigió el llamado cheque británico, para compensar su baja participación en el gasto. El cheque, que equivale al 66% de la contribución neta británica (unos 4.500 millones de euros sobre una contribución británica de unos 7.000 millones anuales) generó a su vez descuentos en otros países.

El comisario de Programación Financiera, Januzs Lewandoswski, advertido por el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, extremó la cautela al referirse al descuento, consciente de que en los mismos días el Gobierno británico iba a anunciar un drástico ajuste fiscal. Pero el documento de Bruselas advierte de que la composición de los gastos determinará "si los mecanismos de corrección se justifican en el futuro".